Exigen abasto de fármacos contra VIH

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 43

Los responsables de programas estatales de VIH/sida entregaron una carta al director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola, en la que piden garantías de la entrega suficiente y oportuna de antirretrovirales, la verificación del funcionamiento del sistema electrónico para el control de los fármacos, así como que toda información o indicación del centro se realice por escrito a los secretarios de Salud de las entidades federativas.

En su último día de trabajos, los funcionarios estatales acordaron elaborar la misiva con copia al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila, para rencauzar la relación con Censida, órgano al que le ratificaron su compromiso de colaboración.

Señalaron, sin embargo, su preocupación por los persistentes problemas de desabasto de antirretrovirales a lo largo del año. Esta situación, indicaron, pone en riesgo la salud, la esperanza y la calidad de vida de las personas que viven con VIH.

Es indispensable, señalaron los coordinadores, atender la continuidad de los tratamientos, los casos nuevos, los cambios de esquema y las terapias profilácticas para embarazadas, recién nacidos, accidentes laborales y víctimas de violencia sexual.

Aunque los responsables de programas solicitaron desde el lunes la presencia del subsecretario Hernández, ayer Izazola les informó que no le fue posible asistir, comentaron algunos funcionarios

Censura el aborto ilegal más de 60% de los mexicanos, según una encuesta

El estudio refleja que prevalece gran ignorancia en el tema

Censura el aborto ilegal más de 60% de los mexicanos, según una encuesta

Mariana Norandi

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 39

Según la primera Encuesta Latinoamericana sobre Aborto, realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Chile, más de 60 por ciento de los mexicanos considera que la mujer que interrumpe su embarazo de forma ilegal debería ir a la cárcel.

Esta sondeo, que fue presentada ayer en el segundo Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, dio a conocer la percepción social del aborto en Brasil, Chile, Nicaragua y México.

Las investigadoras que presentaron este estudio dijeron que 60.4 por ciento de los mexicanos entrevistados opinaron que el aborto ilegal debe ser penalizado con cárcel, y de éstos, 28.4 son hombres y 32 por ciento mujeres.

En el resto de países estudiados este porcentaje fue mayor, pues 67.3 de los brasileños, 71.7 de los chilenos y 81.2 de los nicaragüenses consideraron que una mujer debe ir a la cárcel por abortar de forma ilegal.

Claudia Dides Castillo, directora del Programa Género y Equidad de Flacso-Chile, dijo que esta encuesta refleja que en América Latina se ha ido instalando el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero por otro lado prevalece el concepto conservador de la mujer.

Aparece el discurso sobre lo femenino y la constitución de la maternidad bastante fuerte, en el que se refleja que lo que prevalece en América Latina es la mujer donadora de vida. Sin embargo, subrayó, es destacable en esta encuesta el predominio de personas que opinan que el aborto es un problema grave y de salud pública.

Según se informa, 56.2 por ciento de los mexicanos considera que el aborto es un problema de salud pública, mientras que 73.8 opina que la interrupción del embarazo es un problema grave en el país. Otro dato destacable en los resultados de esta encuesta es el poco conocimiento que la población latinoamericana tiene acerca del marco jurídico del aborto.

De acuerdo con esta encuesta, en México 26.6 por ciento de los ciudadanos no sabe nada sobre las leyes de aborto, y 58.8 sabe poco. Con lo cual, más de 85 por ciento de los mexicanos sabe poco o nada sobre estas leyes.

La investigadora comenta que este estudio representa un instrumento para conocer lo que piensa la sociedad latinoamericana respecto del aborto para que éste pueda ir introduciéndose en las agendas políticas de los países de la región. Asimismo, resaltó el hecho de que, a pesar de que los resultados puedan parecer conservadores, por otro lado los encuestados expresaron su interés para que la legalidad del aborto pueda ser debatida a escala nacional.

Por ley, la Iglesia no puede entregar a jueces civiles a curas pederastas: Pacheco Escobedo

El Estado no debe meterse en justicia eclesiástica, afirma el vicario judicial

Por ley, la Iglesia no puede entregar a jueces civiles a curas pederastas: Pacheco Escobedo

El sacerdote sostiene que de ninguna manera se debe pensar en que se oculta a criminales

Carolina Gómez

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 39

Que la Iglesia católica no esté obligada a denunciar ante la justicia civil a un sacerdote sometido a un proceso eclesiástico por abuso de menores no significa que se esté ocultando el hecho, aseguró el sacerdote Alberto Pacheco Escobedo, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis México, quien resaltó que la explicación radica en la separación de la Iglesia y el Estado.

–¿Que se realice un procedimiento eclesiástico en contra de un sacerdote culpable de abuso sexual obliga a la Iglesia a denunciarlo ante las instancias judiciales civiles?

–No, porque son dos cosas distintas, la misma ley mexicana lo dice con claridad: la separación de la Iglesia y el Estado es principio histórico. Ni el Estado debe meterse en la justicia eclesiástica ni la Iglesia debe meterse en la justicia civil. No es que se esté ocultando. La Iglesia nunca va a meter a nadie a la cárcel, como el tribunal civil no puede prohibir a un sacerdote que imparta sacramentos. El proceso canónico sólo se sigue para personas que han cometido delitos según la ley canónica, y las penas que se ponen son las que marca el Código Canónico, no el Código Penal.

No obstante, Pacheco Escobedo reconoció que en materia judicial existen muchos actos que son delito civil y delito canónico, y aclaró que cada uno se persigue y sanciona según lo que dice su legislación, pero sostuvo que si algún feligrés tuviera información sobre una situación de esta naturaleza debe, además de recurrir a la ley canónica, denunciarlo a las autoridades civiles.

No estorbamos a la justicia

En entrevista publicada en la página electrónica de la Arquidiócesis, el sacerdote subrayó que cuando existe una investigación civil en contra de un clérigo, la jerarquía eclesiástica no estorba a las autoridades civiles ni en la aplicación de las penas civiles que correspondan a actos delictuosos realizados por clérigos, y agregó que para comenzar una investigación eclesiástica, necesariamente los afectados deben hacer su denuncia personal ante el tribunal religioso, porque “por principio elemental de justicia no se puede proceder con una denuncia anónima.

No se puede pedir que la jerarquía eclesiástica proceda por acusaciones anónimas, por notas periodísticas o por difamaciones no comprobadas, pues así como hay que tener en cuenta los derechos humanos de los ofendidos, también hay que considerar los derechos humanos de los clérigos que pueden ser falsamente acusados.

Añadió que cuando las pruebas son clarísimas, el obispo del cual depende el agresor tiene derecho a proceder por decreto administrativo, y ya no requiere de más pruebas ni testigos, lo que acelera el proceso. En esa situación la sanción se impone de inmediato, se le suspende, lo que implica un retiro de las licencias ministeriales. Se le prohíbe confesar, predicar y se le pide que se retire a la vida privada.

Pero puede haber penas agravadas. “Se puede prohibir al sacerdote que tenga domicilio en una diócesis por el escándalo que ha provocado o solicitar a sus superiores que lo expulsen

Piden a CIDH intervenir en caso guardería ABC

Piden a CIDH intervenir en caso guardería ABC

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 32

La Cámara de Diputados acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al gobierno federal la entrega del expediente sobre el incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, por el cual fallecieron 49 niños. Emilio Serrano, presidente de la comisión especial que analiza la terciarización de servicios en el sector público, denunció este miércoles que la Procuraduría General de la República ha ignorado en tres ocasiones la solicitud de información de los legisladores.

Suman dos muertos por accidente de tránsito en Tlaxcala

Suman dos muertos por accidente de tránsito en Tlaxcala

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 32

Tlaxcala, Tlax., 26 de mayo. La mañana de este miércoles falleció Florencio Ortega Márquez, de 83 años de edad, con quien suman dos las personas muertas luego que una camioneta del equipo de campaña de la candidata de la coalición PAN-Panal-Partido Alianza Ciudadana al gobierno de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, atropelló el martes a cuatro vecinos de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Emiliano Zapata, al término de un acto proselitista.

Las otras dos están internadas en el hospital regional de Tzompantepec, una de ellas con diagnóstico reservado.

La noche del martes pasado una camioneta que trasladaba a reporteros que cubren la campaña de Adriana Dávila arrolló a cuatro personas (no 10, como al principio se manejó), al parecer por una falla en el sistema de frenos. La unidad, una camioneta tipo van propiedad del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, era conducida por Roberto Mendieta, quien quedó a disposición de las autoridades.

En los primeros minutos de este miércoles, Dávila Fernández ofreció una conferencia de prensa en la cual calificó el hecho de accidente desafortunado ocasionado por una falla mecánica. Aseguró que asumirá la responsabilidad que tenga y absorberá los gastos.

La candidata relató que después de un recorrido por los municipios de Terrenate y Emiliano Zapata se dirigía a un acto en el municipio de Lázaro Cárdenas, cuando se enteró del accidente, en el cual murió Moisés Montiel Caballero, de 44 años de edad, y resultaron lesionados José Florencio Ortega, de 83 años de edad (quien murió esta mañana); Elías Hernández Hernández, de 36, y Estanislao Alvarado, de 13 años.

Al menos 13 de los electricistas en huelga de hambre presentan grave deterioro en su salud

Tres manifestantes fueron trasladados ayer a los servicios de emergencia del IMSS

Al menos 13 de los electricistas en huelga de hambre presentan grave deterioro en su salud

Solicitarán a la Cruz Roja Internacional que apoye el campamento instalado en el Zócalo

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 18

Luego de que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que permanecen en huelga masiva fueron sometidos a diversos análisis clínicos en laboratorios privados, los resultados indicaron que 13 de ellos se encuentran con modificaciones marcadas en sus niveles de hidratación y presión y están en los límites de potasio, hierro, electrolitos y otros.

Por la tarde de ayer tuvieron que ser trasladados a urgencias de la clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tres trabajador. Ellos son Ernesto Neri Quiroz, José Antonio Fernández Olivera y Leonardo Alcalá Aguilar, quienes presentaron condiciones que ponían en riesgo su vida. Los tres electricistas fueron despedidos con aplausos por sus compañeros, luego de que estuvieron casi todo un mes en ayuno.

No se descarta que en los próximos días pudiera verse comprometida la salud de otros ayunantes, ya que muchos de ellos presentan un debilitamiento importante por haber cumplido 30 y hasta 31 días en esta protesta masiva, informaron médicos que atienden a los trabajadores en el Zócalo capitalino.

El doctor Alfredo Verdiguet planteó que cada hora la situación médica de los ayunantes se hace más difícil, porque en la revisión de la mañana los trabajadores pueden estar estables, pero pasa una hora o dos y empiezan a presentar problemas, ya que sus defensas están muy dañadas.

Algunos de ellos presentan taquicardias, arritmias, dolor precordial, casos que no pueden esperar mucho tiempo y se tienen que trasladar de inmediato, porque en cuestión de minutos peligra su vida, dijo, y aclaró que son tres médicos quienes vigilan la situación de los huelguistas.

Los ayunantes realizaron ayer una reunión con los principales dirigentes del SME en la que revisaron la situación de este campamento de huelga instalado en la plancha capitalina, la cual se ve ahora prácticamente colmada de carpas, tiendas de campaña, mantas y lonas de movimientos sociales de diferente índole. Esto es porque están en plantón representantes de la comunidad triqui, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), artesanos y por supuesto los electricistas, entre otros.

Tres médicos vigilan constantemente las condiciones físicas de los electricistas que permanecen en huelga de hambre, sin que las autoridades les den alguna respuesta a sus demandasFoto María Meléndrez Parada

El SME tiene instalada en el Zócalo no sólo la gran carpa que aloja a los 62 trabajadores y trabajadoras en huelga de hambre, sino múltiples tiendas alrededor en las que hacen labores de difusión y amparo de ciudadanos contra el pago de luz. No obstante, los manifestantes que participan en el ayuno masivo advirtieron ayer que continúan las agresiones en su contra por parte de grupos que no han identificado, pero que en los atardeceres les arrojan diversos objetos.

Ante ello, la dirigencia del sindicato señaló que a partir de ayer se reforzó la vigilancia e incluso indican que están en tratos con la Cruz Roja Nacional, a fin de pedir la intervención de la matriz internacional en apoyo a este campamento.

Según los análisis practicados a los trabajadores, la mayoría de los huelguistas se encuentra estable, y ello se debe a que los trabajadores se prepararon para el ayuno. Sin embargo, algunos presentan potasio descompensado, tienen variaciones importantes en su nivel de hierro y signos de deshidratación. En sus estudios hay modificaciones muy marcadas y los más afectados son precisamente los trabajadores que tienen más tiempo en la huelga. Aseguró, sin embargo, que prácticamente la totalidad de los trasladados a urgencias han sido dados de alta, excepto un electricista enviado este lunes a una clínica.

CARTONES DE LA JORNADA

PRESO POLITICO LIBERTAD

Responsables de planes contra el VIH se rebelan contra el Censida

Denuncian persistente carencia de medicamentos para controlar el mal en los estados

Responsables de planes contra el VIH se rebelan contra el Censida

Exigen que el presupuesto se transfiera directamente a las entidades para comprar fármacos

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 39

Inconformes por la persistente carencia de medicamentos para el control del VIH, los responsables de los programas estatales contra el sida se rebelaron contra el director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola, y plantearon que la alternativa para terminar con el problema es que el presupuesto se transfiera a las entidades y éstas compren lo que requieran, sin intermediarios.

Aunque Antonio Izazola admitió que hay razón para el enojo, señaló la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Acusó a varios coordinadores estatales de carecer de voluntad política para actualizar el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (Salvar), base de datos con la que el Censida pretende mejorar el control de inventarios en cada estado.

Lo anterior luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2008 que había sobrexistencias en varias entidades, así como medicamentos caducos. Respecto de las inconsistencias en el sistema informático que han sido denunciadas por los responsables de los programas del VIH, Izazola también admitió que se han corregido algunas y que efectivamente representan un reto tecnológico, pero funciona para lo que fue diseñado, es decir, tener los datos de inventarios actualizados, recetas surtidas y necesidades para los siguientes meses, expresó.

Los responsables de los programas de VIH/sida del país participan en una reunión nacional de tres días que se lleva a cabo en la ciudad de México. En la primera sesión, el lunes pasado, reprocharon airadamente a Antonio Izazola las dificultades por las que han pasado este año para surtir las recetas de las personas que viven con esa enfermedad. De acuerdo con algunos asistentes, el reclamo fue de tal nivel que de plano exigieron la presencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, quien podría asistir este día para conocer la situación que prevalece en los estados.

Además de la exigencia planteada por Izazola para alimentar la base de datos, éste les informó que se realizarán auditorías a todos los programas estatales. Para el director del Censida, el objetivo es satisfacer los requerimientos de la ASF, la contraloría interna, el Seguro Popular e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En entrevista, comentó las dificultades que enfrentó para lograr la autorización de mil 800 millones de pesos para la compra de antirretrovirales este año. A pesar de que el comité técnico del fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos aprobó el monto el pasado 13 de mayo, apenas ayer llegó al Censida el documento que informa sobre la suficiencia presupuestal.

Sin ese papel, indicó Izazola, el trámite para la compra emergente de medicinas y la licitación pública anual no pueden concretarse. Además, mencionó que la aprobación se dio 90 días después de que el Censida empezó el trámite ante el Seguro Popular para la autorización del recurso.

Otro reclamo que los funcionarios estatales hicieron a Antonio Izazola tiene que ver con el faltante de recursos, pues, aseguraron, el dinero no alcanzará para garantizar a todas las personas que viven con VIH que tendrán terapias. El funcionario explicó que el problema se corregiría si la base de datos estuviera actualizada, y se refirió específicamente al Distrito Federal.

El programa capitalino contra el VIH solicita dinero para 6 mil 900 pacientes, pero sólo 5 mil 500 están registrados en Salvar. Sentenció: si no están en el sistema, tampoco tendrán los medicamentos. Además, en la capital del país se tendrá que verificar si los decesos han sido subidos el sistema y si se ha dispuesto de los antirretrovirales se trataría de un daño patrimonial, advirtió.

SCJN: improcedente, realizar pruebas para determinar si píldora es abortiva

Se confirma tendencia mayoritaria a aprobar su suministro

SCJN: improcedente, realizar pruebas para determinar si píldora es abortiva

Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la sesiónFoto Carlos Ramos Mamahua

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 39

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer (nueve votos contra uno) que es improcedente realizar pruebas periciales para determinar si la píldora del día siguiente es abortiva.

Pese a la insistencia de Sergio Aguirre Anguiano en que el pleno ordenara dichos peritajes antes de resolver si la norma oficial mexicana 046-SSA2-2005, que obliga a los servicios de salud del país a proporcionar la píldora de emergencia a las mujeres que sean víctimas de abuso sexual, los ministros consideraron que el tema planteado no tenía relación con el asunto.

Con la decisión, Aguirre Anguiano falló en el intento por demostrar mediante peritajes médicos que la pastilla impugnada vía controversia constitucional por el gobernador de Jalisco, Emilio González, es abortiva y que, por tanto, la disposición federal de suministrarla era inconstitucional. Además, se confirma la tendencia mayoritaria en el pleno de validar el suministro de ésta en los términos que lo marca la NOM impugnada.

Ministros confiaron en privado que, de haberse ordenado dichos peritajes, la Corte habría llegado al absurdo de emitir un pronunciamiento o tesis respecto de cuál es el momento en que se inicia la vida, lo cual habría sido muy delicado.

En una sesión en que el debate se volvió por momentos ríspido, ante la insistencia de Aguirre en retardar el desarrollo de la discusión y las votaciones planteadas en el proyecto de dictamen elaborado por José Ramón Cossío, los ministros llegaron a mostrar fastidio, debido a la manera repetitiva en que se desarrolló la discusión.

Cossío, de entrada, señaló que la demanda del gobernador jalisciense es “muy pobre, porque se centró exclusivamente en el ámbito competencial y no se vale que nosotros ahora introduzcamos oficiosamente elementos como la suplencia de la queja que planteó Aguirre.

Ojalá el estado de Jalisco hubiera redactado la demanda como la ve el ministro Aguirre. Estaríamos discutiendo otro tema, otras cuestiones. Estaría (a discusión) el artículo cuarto constitucional, la concepción, la vida, pero nada de lo que ha dicho aquí el ministro Aguirre ni siquiera está mencionado en la demanda.

Cada comentario que hacía algún ministro contra la postura de Aguirre era contestado por éste, de manera que, en un momento de exasperación, Luis María Aguilar dijo: Si no concretamos los temas a discutir y cada quien va a decir las ideas que tiene respecto de este tema, pues entonces aquí no vamos a acabar nunca. El señor ministro (Aguirre) nos recuerda lo que dijo la ministra (Olga Sánchez Cordero), lo que dijo el otro, y no llegamos a nada.

Ante la presión mayoritaria, Ortiz Mayagoitia ordenó votar sobre la realización de los peritajes, y sólo Aguirre Anguiano sufragó en favor.

Cuando la mayoría se disponía a votar en definitiva el asunto, Margarita Luna externó que tenía dudas respecto de los alcances jurídicos de la NOM impugnada, por lo que el pleno decidió reanudar la discusión este jueves

Cientos de integrantes de la CNTE se unen al plantón en el Zócalo capitalino

Esperan la llegada de más contingentes para la megamarcha del viernes

Cientos de integrantes de la CNTE se unen al plantón en el Zócalo capitalino

Plantón de maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo de la ciudad de MéxicoFoto Carlos Ramos Mamahua

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 41

Cientos de profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) conforman ya –en su segundo día– el plantón permanente instalado en el Zócalo capitalino, en exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno federal, que se dé marcha atrás a la Alianza por la Calidad de la Educación y a las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de mejoras a sus condiciones laborales.

A un costado del plantón instalado desde hace un mes por el Sindicato Mexicano de Electricistas, los profesores procedentes de 12 estados –se espera la llegada de representantes de más secciones sindicales– colocaron desde ayer cuatro grandes carpas, muchas otras de menor tamaño y decenas de tiendas de campaña, en una extensión que paulatinamente se amplía sobre la plancha del Zócalo, pero que también crece en necesidades de higiene y agua potable.

Y aunque sólo se colocó un sanitario móvil, una comisión magisterial empezó conversaciones con funcionarios del gobierno capitalino para solicitarle la instalación de los baños ecológicos necesarios y dotación de agua potable, para garantizar condiciones mínimas de higiene y salud a los maestros en protesta.

Hasta ahora han arribado profesores de una docena de entidades del país, encabezados por Oaxaca, Michoacán y Chiapas, pero se espera la llegada de representantes de una docena más de secciones sindicales, con el objetivo de participar en la megamarcha del próximo viernes 28 de mayo.

Sin embargo, a as movilizaciones en las calles se sumará el cuarto Congreso Nacional de Educación Alternativa, convocado para el 28, 29 y 30 de mayo en la sede nacional de la CNTE y de la sección 9, en Belisario Domínguez, en el Centro Histórico.

Los profesores Luis Deloya y Gonzalo Martínez Villagrán destacaron que esta convocatoria demuestra la preocupación del movimiento magisterial de la coordinadora no sólo por la democratización sindical y mejores condiciones y prestaciones laborales, sino también por analizar y proponer soluciones frente a la educación nacional.

Explicaron que tras la agresión sufrida en la víspera por elementos de la Policía Federal, durante su manifestación frente a la Secretaría de Gobernación, el martes se dedicó a tareas reorganizativas y de logística para la instalación del campamento y la llegada de más contingentes.

Informaron también que la sección 22 de Oaxaca levantó un acta en la delegación Cuauhtémoc por las agresiones policiacas, particularmente contra el profesor Ponciano Vieira, de la región de La Cañada, quien todavía se encuentra hospitalizado en el hospital Primero de Octubre, del ISSSTE, donde está en valoración.

En el plantón se observó la camioneta de sonido que durante la refriega recibió los toletazos de los elementos de la Policía Federal. El parabrisas del vehículo prácticamente quedó inservible y algunas de las bocinas también deberán ser reparadas.

Paralelamente a esta movilización en la capital del país se realizan otras de manera simultánea en varias partes del país, con maestros disidentes miembros de la CNTE.

Obispos de México van al Vaticano a foro sobre migración

Obispos de México van al Vaticano a foro sobre migración

Notimex

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 41

Ciudad del Vaticano, 25 de mayo. Los obispos mexicanos de Yucatán, Emilio Carlos Berlié, y de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León, asistirán esta semana al Vaticano a la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes.

Los prelados se sumarán a otros participantes en el encuentro, previsto del miércoles 26 al viernes 28 de mayo, en el cual se abordará el tema de La pastoral de la movilidad hoy, en el contexto de la corresponsabilidad de los estados y los organismos internacionales”.

Según el presidente del Pontificio Consejo para los Migrantes, Antonio Maria Veglió, en el campo de la movilidad humana la Iglesia ha promovido la asistencia, la integración, la sinergia con las instituciones y el voluntariado.

Entre los temas relacionados emergen el diálogo intercultural y la educación; se trata de un sector amplio que incluye la etnia, la lengua, la religión, los hábitos y tradiciones, así como la seguridad nacional, señaló.

“En definitiva –agregó–, la movilidad humana seguirá en primera página en las discusiones nacionales e internacionales, con exigencia de mayor colaboración entre los gobiernos, las organizaciones y las comunidades eclesiales.”

Durante la asamblea se analizarán asuntos relacionados con los derechos de los migrantes, refugiados y desplazados, así como la crisis de la aviación civil, las necesidades de los estudiantes extranjeros y la pastoral de los marineros, entre otros.

Los asistentes serán recibidos en audiencia privada por el papa Benedicto XVI, el próximo viernes 28, donde se espera un discurso del pontífice sobre las migraciones.

Mujeres discapacitadas sufren doble discriminación

Tienen una tasa de desempleo 34% mayor que la de hombres en la misma condición

Mujeres discapacitadas sufren doble discriminación

Promueve el Conapred que el IFAI cuente con impresora Braille para dar atención a invidentes

Mariana Norandi

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 42

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que en México existe un 34 por ciento más de desempleo entre mujeres que entre hombres con discapacidad.

El presidente de este organismo, Ricardo Bucio Mújica, explicó que si bien existe un alto índice de discriminación hacia las personas con discapacidad, las mujeres son las más discriminadas, y su limitado acceso al mercado laboral es prueba a ello. El menor acceso al empleo de las mujeres es muy significativo. En edad adulta, los porcentajes de ocupación son de hasta 67 por ciento hombres y 33 por ciento mujeres. Nada que ver con los márgenes de personas sin discapacidad, precisó.

A dos años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas, propuesta y ratificada por México, en el Museo Franz Mayer se llevó a cabo la conferencia Estrategias para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impartida por el especialista argentino en integración Fabio Ianeselli y Bucio Mújica.

En este contexto, el titular de la Conapred anunció que este organismo propondrá al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que, de manera conjunta, se solicite a todas las instituciones públicas que son reguladas por la Ley del IFAI que tengan impresoras en sistema Braille para que las personas invidentes tengan las mismas oportunidades de acceso a la información que las personas sin esta discapacidad visual.

Entrevistado al finalizar el acto, Bucio Mújica dijo que México está rezagado en cuanto a derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, mencionó, la ciudad de México es la más accesible del país en materia de transporte público, con 1.7 de viajes accesibles para personas con discapacidad al día; 98.3 no lo son. Sin embargo, a pesar de que ya hace dos años que entró en vigor la CDPD, México aún no ha modificado ninguna de las 33 leyes que tiene que reformar para atender a los más de 10 millones de mexicanos con discapacidad.

A partir de la modificación de las leyes, se tendrán que hacer las modificaciones a las políticas públicas, pero ese es un asunto que va todavía muy lento.

Aprueban el dictamen sobre reformas para combatir la pornografía infantil

Consideran diputados sancionar con cárcel a quien la venda, compre, distribuya o intercambie

Aprueban el dictamen sobre reformas para combatir la pornografía infantil

El documento será presentado al pleno de la ALDF en el periodo extraordinario de junio

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 38

Con el objetivo de evitar que los sujetos que se benefician de la pornografía infantil puedan quedar libres bajo fianza, diputados locales aprobaron ayer reformas al Código Penal para el Distrito Federal, mediante las cuales se sancionará con cárcel a quien venda o distribuya ese tipo de material, así como a los que lo compren o intercambien.

Los legisladores de PRD, PAN, PRI y PVEM que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobaron el dictamen por el que se modifican los artículos 187 y 188 del referido código. El dictamen deberá presentarse ante el pleno de los diputados en el periodo extraordinario de sesiones de junio próximo, para su discusión y votación.

Con esa reforma, que promovió la diputada del PAN Lía Limón, serán delitos graves –es decir, sin derecho a fianza– financiar, elaborar, reproducir, almacenar, distribuir, comercializar, arrendar para sí o para un tercero, exponer, publicitar y difundir material pornográfico, así como adquirir, intercambiar o compartir por cualquier medio el mismo tipo de materiales.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Julio César Moreno, expresó que con esos cambios al Código Penal se dan mayores herramientas a los juzgadores para que los delincuentes que se dedican a la prostitución infantil no puedan salir bajo fianza.

Citó el caso del sacerdote Rafael Muñiz López, conocido como El Lobo Siberiano, quien el año pasado fue detenido por distribuir material pornográfico en siete entidades de la República, incluido el Distrito Federal, pero que aprovechando las lagunas jurídicas del Código Penal logró evadir la justicia.

De acuerdo con el diputado Moreno, si hubieran existido ya esas reformas desde el año pasado, es muy seguro que ese sujeto no hubiera salido libre bajo fianza, pues si bien alegaba que no usaba ese material con fines de lucro, lo adquiría para distribuirlo por Internet a una red de pedófilos.

Ahora, añadió, quien adquiera ese tipo de materiales para sí o para un tercero y los distribuya por cualquier medio estará incurriendo en un delito grave que merecerá cárcel directamente

Proponen constitución local basada en ley indígena

Proponen constitución local basada en ley indígena

Ángel Bolaños

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 36

Sólo en la medida en que se desarrollen políticas públicas a favor de los pueblos y las comunidades indígenas que habitan en el Distrito Federal estará completo el reconocimiento de sus derechos en una eventual constitución para la entidad, afirmó el viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana de la República de Ecuador, Orlando Pérez.

En una fugaz visita a la ciudad de México, donde participó en el Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, el funcionario ecuatoriano dijo que en tareas como la lucha contra la discriminación y el racismo tampoco basta con tener leyes que sancionen estas prácticas.

Tenemos que asumirlas como una herramienta de trabajo, como un instrumento político de liberación y democratización de las sociedades y citó como ejemplo la reciente denuncia por discriminación y odio racial que un seleccionado del equipo nacional de futbol de su país, Felipe Caicedo, presentó contra el propietario de un restaurante donde un grupo de policías pretendió arrestarlo tras recibir una llamada telefónica bajo la sospecha de que por ser negro era un delincuente.

Lo mismo, explicó, ocurre con la construcción de un país que se reconoce en su constitución como un Estado plurinacional, donde lo fundamental, además de la participación de las mismas comunidades, es el desarrollo de políticas públicas en favor de los pueblos y las nacionalidades.

En la Declaración de México-Tenochtitlán, con que concluyó el citado encuentro, se plantea en uno de los puntos que la ley de derechos indígenas para el Distrito Federal –que la Asamblea Legislativa tiene previsto aprobar en septiembre próximo– sea la base para formular una futura constitución de la ciudad capital.

Orlando Pérez, advirtió que la elaboración de esas políticas públicas no es una tarea fácil cuando por tantos años los ministerios se dedicaron a desarrollar políticas y rutinas gubernamentales; ahora nos corresponde armonizar los principios fundamentales de la Constitución a una tarea pública cotidiana para todos.

Explicó que en su país, para lograr esto, se están impulsando las CTI (circunscripciones territoriales indígenas), y las CTA (circunscripciones territoriales afroecuatorianas), porque solamente allí podemos concretar los planes de vida que tienen que ver con el desarrollo y el impulso de la educación, la salud, la vivienda, el comercio y el intercambio en función de los intereses y de la visión de estos pueblos y nacionalidades

Tlaxcala: camioneta de candidata atropella a 10

Tlaxcala: camioneta de candidata atropella a 10

Carlos Avendaño/ La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 34

Tlaxcala, Tlax. Una camioneta de la caravana de Adriana Dávila Fernández, candidata de PAN-Panal-Alianza Ciudadana, al gobierno estatal, atropelló la noche de este martes a diez personas, al regresar de una gira de proselitismo por la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Lázaro Cárdenas, informaron fuentes no oficiales. Añadieron que como resultado perdió la vida Moisés Montiel Caballero, de 44 años, cuyo cuerpo no había sido levantado al cierre de esta edición. Se esperaba que la abanderada panista ofreciera una conferencia de prensa a la medianoche del martes, para explicar los pormenores del accidente.

Tercer "diálogo de sordos" SME-gobierno

Frente a comisión de legisladores, intercambian y desoyen denuncias y ofrecimientos

Tercer diálogo de sordos SME-gobierno

Vista del campamento de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre, este martes en el Zócalo capitalinoFoto Carlos Ramos Mamahua

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 16

El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sentados por tercera vez en infructuosa mesa de mediación convocada por la Cámara de Diputados, no hallaron un punto de contacto sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la restitución del empleo a 44 mil 500 trabajadores, a causa de sus posiciones irreconciliables.

En tres horas, los trabajadores y el gobierno expresaron denuncias y ofrecimientos que fueron desoídos por unos y otros. Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobernación –quien hace unos días aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concederá la razón a la administración federal por la extinción de LFC–, expuso que el calderonismo acatará sin reserva el fallo del Poder Judicial.

No obstante, Amador Monroy, presidente del grupo de trabajo que da seguimiento al conflicto, reclamó al representante de la Secretaría de Gobernación que aportara datos verdaderos y no ancle el futuro del conflicto al fallo de la SCJN.

El diálogo de sordos, como definió Porfirio Muñoz Ledo, se inició con la exposición del líder del SME, Martín Esparza, quien denunció que el Poder Ejecutivo nunca presentó la fundamentación del decreto de extinción y usó la figura jurídica desincorporación por vía de extinción, inexistente en la ley.

Por ello, dijo, el Congreso, dentro de sus facultades, podrá instrumentar el restablecimiento del procedimiento administrativo del decreto de extinción de LFC.

La razón de Esparza redundó en que el único ente facultado para modificar las leyes es el Congreso de la Unión, por lo que tiene que exigir al gobierno federal que en el marco de la Constitución reponga el proceso administrativo de extinción de LFC.

La incapacidad de acercamiento entre las partes llevó a Muñoz Ledo a preguntar al representante del gobierno federal si éste reconoce al grupo de trabajo de la Cámara de Diputados como mediador, y sugirió que las acciones del gobierno federal para reubicar a los integrantes del SME no son la solución del conflicto, por lo que propuso un nuevo esquema de negociación donde se respete el contrato colectivo de los trabajadores.

Insistió en replantear la negociación que permita reconocer los mecanismos de respeto a los derechos humanos y laborales, porque el contrato colectivo es un derecho humano.

Gil Zuarth insistió en que la Corte tomará una determinación y el gobierno confía plena y absolutamente en la Corte y acatará sin reserva el fallo sobre el fondo de esta cuestión. Exigió al SME que se pronunciara en el mismo sentido, además de que levante su movimiento de huelga de hambre de la Plaza de la Constitución.

Gil Zuarth llegó a San Lázaro con un paquete de acciones y justificaciones del decreto de extinción de LFC: el ahorro en términos de valor presente neto de la liquidación de LFC se reduce en 707 mil millones de pesos, es decir, 10 puntos porcentuales del PIB, que implican dos veces toda la infraestructura que habrá de construirse en el sexenio de Felipe Calderón.

Puso en la mesa la determinación gubernamental de no dar marcha atrás a su decisión, pues no es opción para el gobierno la contratación colectiva de trabajadores, debido a que la demanda laboral de la CFE debe articularse en función de las necesidades reales en términos de efectividad y eficiencia del servicio.

Informó que hay 2 mil 413 altas en el IMSS de ex trabajadores de LFC, además de que el gobierno ha logrado consolidar 2 mil 807 empleos en el último periodo en 82 empresas formadas por ex empleados. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo, ya ha contratado 565 ex trabajadores.

Y como gran noticia anunció la existencia de un fondo de 3 mil 500 millones de pesos para la capacitación, certificación y colocación en el mercado laboral de la industria de la construcción del orden de 4 mil ex trabajadores al año.

Detienen en Quintana Roo a Gregorio Sánchez, candidato al gobierno del estado

Nexos con cárteles y realizar operaciones con fondos de procedencia ilícita, entre los cargos

Detienen en Quintana Roo a Gregorio Sánchez, candidato al gobierno del estado

Gregorio Sánchez Martínez, en una conferencia de prensa que ofreció ayer en la ciudad de MéxicoFoto Notimex

Hugo Martoccia

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 15

Cancún, QR, 25 de mayo. El alcalde con licencia de Cancún y candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (integrada por PRD, PT y Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, fue detenido la noche de este martes en el aeropuerto de esta ciudad acusado de tener vínculos con las organizaciones delictivas Beltrán Leyva y Los Zetas, que operaban en Quintana Roo, informó esta noche la Procuraduría General de la República (PGR).

La captura se debió a una petición del juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de Nayarit, dentro de la causa penal 122/2010-VI, quien giró la orden contra el perredista por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera con el fomento de dichos ilícitos, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El arresto ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el candidato volvía a Cancún de la ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa, acompañado por los líderes de los tres partidos que conforman Todos por Quintana Roo, en la cual mencionó los rumores de que sería aprehendido.

Versiones no confirmadas sostenían que el candidato fue retenido en la sección de Aduanas del aeropuerto de Cancún y posteriormente trasladado en un avión oficial al penal de mediana seguridad de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra el juzgado segundo de distrito, que llevará el caso.

La esposa de Gregorio Sánchez, Niurka Sáliva, dijo: “es una injusticia que quedará al descubierto el 4 de julio, cuando Greg sea elegido gobernador”.

De acuerdo con las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró indicios de que el abanderado tuvo vínculos con un grupo criminal ligado a Los Zetas.

El pasado 24 de abril, al rendir protesta en Chetumal como aspirante del PRI al gobierno quintanarroense, Roberto Borge arremetió contra Sánchez Martínez al ligarlo con delincuentes y acusarlo de espionaje.

Aquí están mis hermanos cancunenses, se están contando los días para que termine el gobierno municipal perredista, que les ha mentido, les ha subido los impuestos, ha espiado a los ciudadanos y hoy está bajo sospecha de tener tratos con delincuentes, expresó en alusión a Greg Sánchez.

Otro asunto legal que enfrenta el abanderado perredista es la acusación derivada de un presunto fraude millonario. Según una querella que fue elevada a averiguación previa en la PGR, Greg pidió a un empresario 10 millones de dólares el 6 de diciembre de 2007, aparentemente para financiar la recta final de su campaña electoral a la presidencia municipal de Cancún.

Como parte de esa indagatoria, la PGR solicitó hace dos semanas a un juez federal una orden de aprehensión contra la perito en grafoscopía de la propia dependencia federal, Olga Alonso Mendoza, por considerar que falseó el dictamen en el que se concluyó que la firma que aparece en los pagarés del caso Sánchez Martínez no es la del edil.

La especialista concluyó que el candidato no firmó dos pagarés en los que contrajo una deuda de dos millones de dólares con Santander. Sin embargo, otros tres peritajes elaborados por las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República determinaron que sí los rubricó.

(Con información de Alfredo Méndez)

Niega el gobierno apoyo al boicot contra Arizona; diputados critican esa postura

Para la cancillería es de suma importancia cumplir con las obligaciones comerciales

Niega el gobierno apoyo al boicot contra Arizona; diputados critican esa postura

Es decisión de los individuos cómo proceder: Espinosa

Por Nogales, Arizona, a diario son deportados cientos de indocumentados mexicanos, según legisladoresFoto Ap

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 12

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, rechazó ayer que el gobierno de México pueda impulsar un boicot económico contra el estado de Arizona, como lo promueven diversas organizaciones sociales, para que autoridades de aquella entidad estadunidense den marcha atrás a la ley antimigrante SB 1070.

México, agregó la funcionaria, es un país que cree en el libre comercio y siempre está dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Desde el gobierno sería muy difícil pensar que podemos cerrar la frontera y evitar el comercio con Arizona, subrayó.

En conferencia de prensa, en la que hizo una evaluación de la visita del presidente Felipe Calderón a Washington, la semana pasada, dijo estar muy pendiente de algunas organizaciones y grupos de la sociedad mexicana que están impulsando ese tipo de acciones, y creo que es decisión de los individuos cómo proceder en sus relaciones económicas con Estados Unidos.

Por parte del gobierno, explicó, se fortalecen las capacidades de los cinco consulados de México en Arizona, para brindar asistencia legal a todos los migrantes que podrían verse afectados por la ley, además de que acompaña las demandas contra la legislación con la figura de amigo de la Corte, que permite a la administración mexicana proporcionar aportes sustantivos en las discusiones.

Espinosa Cantellano añadió que en la actualidad existen 14 entidades estadunidenses que promueven legislaciones contra los indocumentados, con distintos grados de avance, y que se da un seguimiento a cualquier tipo de medida que pueda resultar en actos de discriminación contra los mexicanos. Ésta es una de las tareas permanentes que la cancillería lleva adelante en los consulados, enfatizó.

En un salón de la cancillería destacó que los contactos con legisladores no solamente se hacen en el Congreso general, en Washington, sino también en los locales. Hay un trabajo permanente de acercarnos con los congresistas y de trabajar con ellos directamente, puntualizó.

No obstante, recordó que se trata de de un poder independiente que debe respetarse y con el que se trabaja, para que se reconozca la contribución que hacen los migrantes al desarrollo y al bienestar de la sociedad estadunidense.

Según el PRI, la administración panista debe tener una actitud más activa en política exterior

Roberto Garduño

La determinación del gobierno mexicano de no aplicar un boicot contra el estado de Arizona propició críticas por parte de diputados del Partido del Trabajo y del PRD. Demandaron que la administración de Felipe Calderón abandone la pretensión de hacerle el trabajo sucio a Washington.

Francisco Rojas, coordinador del PRI en San Lázaro, expuso que el gobierno panista debería tener una actitud más activa en materia de política exterior, y no sé si el llamado boicot sea la política más activa que debiéramos tener. Me parece que hay asuntos que merecen una mayor atención, y ver todo esto en función de los intereses globales que tiene México con Estados Unidos.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expuso que en primer lugar el libre comercio no es un principio de la política exterior mexicana ni está consagrado en la Constitución, y mucho menos en la Ley de Servicio Exterior.

“Hay un problema de dos niveles. Uno: lo hace el estado de Arizona, que ya expidió una ley conocida de todos, xenófoba y racista. Si concentramos sólo la atención en Arizona, nos estamos equivocando, porque hay 14 estados de ese país que están preparando leyes semejantes.

Me parece que poner demasiado el acento en Arizona es perder de vista que es un problema constitucional. México debiera acudir a los comités de Naciones Unidas encargados de esto: el Comité de Derechos Humanos y el responsable de verificar el cumplimiento de los pactos civiles y políticos.

Muñoz Ledo adujo que la declaración del gobierno mexicano perpetúa el pecado que se cometió desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al no anteponerse los principios generales de política exterior, ni obedecer las estipulaciones de la Convención de Viena sobre tratados internacionales.

Yo no hablaría de boicot; creo que habría de hacerse un planteamiento mucho más serio, porque mientras no actuemos localizando el problema de un estado sin ver que se trata de un fenómeno de carácter general, estamos equivocados, y mientras no estemos dispuestos a ejercer presiones también estaremos equivocados.

Con dureza, Alejandro Encinas, coordinador del PRD, calificó de lamentable la postura asumida por el gobierno de Calderón, porque éste debió haber manifestado un extrañamiento o mínimo una censura y condena al gobierno de Arizona por discriminar a los ciudadanos mexicanos.

Más lamentable resulta la actitud que se asumió durante su visita a Washington, donde hubo muchos aplausos pero ningún resultado, y no solamente es esta negativa con el argumento de que no se tienen los votos suficientes para avanzar en la reforma migratoria. Lo que Estados Unidos no tiene es reciprocidad con nuestra relación bilateral.

–¿El gobierno de Felipe Calderón utiliza un doble lenguaje en el terreno de su relación bilateral con Estados Unidos?

–En lo personal no creo que haya un doble lenguaje del Ejecutivo federal; creo claramente que se está privilegiando la relación y la defensa de los intereses del gobierno estadunidense. Creo que tiene que haber reciprocidad para una buena convivencia.

CARTONES DE LA JORNADA

ONG: ineptitud de la Ssa, causa de muchas muertes por tabaquismo

Acusan a Córdova Villalobos de falta de autoridad para imponer la ley a empresarios

ONG: ineptitud de la Ssa, causa de muchas muertes por tabaquismo

Denuncian que hay un retraso de 20 meses en la obligación de colocar advertencias en las cajetillas

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 37

México lleva 20 meses de retraso en el proceso de colocar los pictogramas de advertencia en las cajetillas de cigarrillos, debido a que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ha carecido del liderazgo que se esperaba. Las empresas tabacaleras, por su parte, continúan presionando a los legisladores para que no graven con más impuestos a sus productos y argumentan falta de materiales para cumplir con la ley.

Esto ocurre a pesar de que cifras recientes reflejan un incremento en la mortalidad de mujeres por el consumo de tabaco, la cual ya es mayor que la provocada por los cánceres mamario y cervicouterino; cada uno de éstos ocasionan una muerte de mujer cada seis horas, mientras hay dos decesos por padecimientos ocasionados por el tabaco cada hora, detalló Jesús Felipe González, presidente de la Red México sin Tabaco.

Durante la presentación del quinto reporte de la sociedad civil sobre el estado en México del cumplimiento del Convenio Marco para el Control de Tabaco, organizaciones señalaron que, aunque el país fue el primero en ratificar ese pacto, hace cinco años, hay tres violaciones permanentes.

Se trata, explicaron, del insuficiente incremento a los impuestos, a pesar de que se ha demostrado que el aumento al precio en al menos 10 por ciento baja el consumo en 5 por ciento; la no publicación de pictogramas de advertencia sanitaria en las cajetillas, y la laxitud en la prohibición de la publicidad de productos del tabaco.

Rafael Camacho Solís, fundador de la Alianza contra el Tabaco, recordó que la industria tabacalera evitó que el incremento en el precio de los cigarrillos fuera mayor, por lo que sólo fue de 3 por ciento, con efectos negativos para la salud pública. Dijo que en la negociación del impuesto especial sobre producción y servicios fueron 198 legisladores del tricolor los que votaron a favor de la industria tabacalera, todos los de los partidos del Trabajo, del Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, además de 67 del blanquiazul, entre los que estaban Josefina Vázquez Mota y César Nava.

El convenio marco dice que entre las medidas efectivas contra el tabaco están los pictogramas en las cajetillas con imágenes de los daños a la salud que ocasiona, y que son una de las formas más claras de informar al consumidor del daño al que están expuestos, sobre todo para quienes se inician en el hábito, indicó Sonia Meza, de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento).

Precisó que dos años después de que entró en vigor el acuerdo, que fue en febrero de 2008, la Secretaría de Salud sigue con prácticas dilatorias. Probablemente el secretario Córdova también tiene un acuerdo con la industria tabacalera. De otra forma no se puede explicar este retraso tan importante en la ley, en la publicación del reglamento y en la publicación del acuerdo secretarial.

Agregó que las organizaciones han buscado reunirse con el secretario desde hace dos años y no lo han logrado. Llama la atención que no lo hemos visto más enérgico cuando sabía que este tema se venía encima y él realmente no se ha impuesto a la gente que trabaja en su secretaría. Hay interferencia del responsable jurídico de la dependencia (Bernardo Fernández).

El secretario de Salud no tiene el liderazgo que esperamos, señaló.

Agregó que la legislación dice que no se debe tapar la imagen de los pictogramas y el cintillo transparente que se usa actualmente cubriría una parte, por lo que las empresas argumentan que no pueden hacer los cambios porque sólo una empresa produce ese material.

En el reporte se indica que entre los estados más desprotegidos por la legislación en contra del tabaco están Nayarit y Baja California Sur, ya que contienen menciones parcas en sus leyes estatales de salud. Precisa que las dos únicas legislaciones que determinan a sus entidades como ciento por ciento libres de humo de tabaco son el Distrito Federal y Tabasco.

Propone el ministro Aguirre "peritaje" para definir si la píldora del día siguiente es abortiva

El pleno resolvió ayer que la despenalización del aborto en el DF es constitucional

Propone el ministro Aguirre peritaje para definir si la píldora del día siguiente es abortiva

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 39

El ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenar un peritaje para determinar si la píldora del día siguiente es abortiva.

En tanto, la Corte decidió analizar este asunto a la luz de la acción de inconstitucionalidad en la que el máximo tribunal resolvió que la despenalización del aborto en el Distrito Federal es constitucional.

Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique González Márquez, señaló en sus alegatos para esta controversia constitucional, que el precedente del Distrito Federal era válido y, por tanto, la Norma Oficial Mexicana (NOM) que obliga a los servicios de salud de todo el país a proporcionar la píldora del día siguiente a las mujeres que sufran un ataque sexual es inconstitucional, porque el criterio de la SCJN señalaba que las NOM sólo eran aplicables a las autoridades federales y no al gobierno estatal que preside.

Sin embargo, ayer el pleno decidió, por insistencia de Aguirre Anguiano, que el criterio sobre la aplicación de la NOM en el caso capitalino no aplicaba para este asunto y determinó que, al menos, las normas oficiales en materia de salubridad general –como lo es la aplicación de la píldora anticonceptiva–, son de aplicación para autoridades federales, estatales y los sectores público y privado.

Ministros consultados comentaron que, a pesar de que el debate se complicó, la mayoría apoya el proyecto del ministro José Ramón Cossío que valida la constitucionalidad de la aplicación de la píldora de emergencia, en razón de que no es abortiva.

Por otra parte, ayer de nueva cuenta Aguirre dirigió el debate y llevó a sus compañeros al punto de tener que definir si solicitan un peritaje, para que la Corte se pronuncie sobre el derecho y momento en que debe considerarse que inicia la vida, tema que, por cierto, no forma parte de la demanda que presentó vía controversia constitucional el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez.

La propuesta tomó por sorpresa a sus compañeros, después de cuatro sesiones en que han discutido el asunto.

En su argumentación contraria a que la píldora del día siguiente sea distribuida por los servicios de salud jaliscienses, Aguirre sostuvo que no existe opinión médica respecto de si la píldora es abortiva, y esta indefinición obliga a que se manden a hacer los peritajes médicos incumbentes, para que el asunto se discuta con la amplitud debida.

Subrayó que si bien, los ministros tienen conocimientos refinados de carácter universal, hasta donde sé, ninguno es poseedor de la ciencia médica especializada en estos temas.

Aseguró que otros tribunales ya mandaron a hacer peritajes, y han llegado a la conclusión de decretar que la pastilla del día siguiente es inconstitucional, por ser atentatoria de la vida.

Señaló que el pleno debe tomarse su tiempo en este caso, porque no podemos dejarnos ir como chamacos que utilizan los teléfonos para mandarse recaditos todo el día y todos los días sin maduración alguna.

El ministro instructor, José Ramón Cossío, quien avala la constitucionalidad de la NOM, salió al paso de la propuesta de Aguirre: aseveró que no era necesario realizar peritajes, que el pleno primero revisara los temas eminentemente jurídicos, como estipular si la norma es de salubridad general exclusivamente o si tiene que ver con el ámbito penal.

Planteó que sólo después de que la Corte resuelva si la NOM afecta la esfera de competencia de Jalisco, entonces sí, se podría determinar el aspecto de los análisis.

Cossío dejó en claro también que, de ordenarse los peritajes, implicaría el aplazamiento del asunto en el que, con sus matices, aún se percibe una mayoría de ministros que avala la constitucionalidad de la norma impugnada, con el argumento central de que, por tratarse de un asunto de salubridad general, es de observancia obligatoria para todo el sistema de salud del país.

La propuesta de peritaje se discute este martes; de perder, Aguirre amenazó con que continuará presentando nuevos argumentos contra la aplicación de la píldora del día siguiente en su estado natal, Jalisco.

Se deteriora la salud de los ayunantes del SME ante la indiferencia de autoridades

Cumple 30 días la protesta y 17 de ellos han tenido que ser hospitalizados de urgencia

Se deteriora la salud de los ayunantes del SME ante la indiferencia de autoridades

Martín Esparza, secretario general del SME, visitó a los trabajadores en huelga de hambre en el Zócalo capitalino poco antes de encabezar una conferencia de prensaFoto Cristina Rodríguez

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 16

La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Zócalo capitalino cumplió ayer 30 días sin que alguna autoridad federal se haya acercado a negociar el levantamiento de la protesta. Incluso ayer dos ayunantes tuvieron que ser trasladados a servicios de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por dolor abdominal agudo, con lo que ya suman 17 los trabajadores que han tenido que ser hospitalizados.

De igual forma, cerca de 40 integrantes del SME se extrajeron sangre frente a la Secretaría de Energía y con el plasma hicieron pintas en la fachada y paredes de vidrio de la dependencia, además de que elaboraron mantas de protesta, en las que se leía Con sangre defendemos la huelga de hambre, Kesell y Calderón, no oculten la información.

A las oficinas centrales de esta secretaría, ubicadas en Insurgentes Sur y Eje 5, llegaron desde temprano los trabajadores y uno a uno se fueron sacando sangre con jeringa, apoyados por enfermeras que en poco tiempo acumularon decenas de tubos llenos del fluido, el cual usaron para pintar una esvástica al lado del nombre de la titular de la dependencia en la misma fachada del edificio. Incluso en una de las mantas pintaron con sangre el escudo del SME.

Cuando realizaban las pintas llegaron decenas de policías capitalinos que formaron una valla humana frente al acceso principal de la Secretaría de Energía, lo que generó roces con los trabajadores que fueron movidos por la fuerza y les impidieron hacer más pintas. Sin embargo, los electricistas organizaron un mitin en ese lugar. En los discursos denunciaron que la cerrazón del gobierno y la ceguera de las instancias de justicia del país los han orillado a estas acciones extremas por recuperar su fuente de trabajo.

En tanto, en el Zócalo la situación no era menos difícil, pues alrededor del mediodía dos trabajadores fueron trasladados a urgencias del Seguro Social. Se trata de Celestino Ovando Salvador y Víctor Téllez Martínez, el primero por un diagnóstico preliminar de íleo paralítico, que consiste en una obstrucción intestinal no mecánica, y el segundo por dolor abdominal agudo relacionado con gastritis ulcerosa.

Al respecto, el doctor Alfredo Verdigued explicó que 17 trabajadores ya fueron hospitalizados y quedan 63 en huelga de hambre en este campamento. Dijo que ante el prolongado ayuno de los trabajadores, en el que algunos llevan 28, 29 y hasta 30 días sin probar alimento sólido, sí está en peligro su vida, por lo que se ha extremado la vigilancia, ya que varios presentan hipertensión, hipoglucemia y descenso del ritmo cardiaco.

El parte de la situación de los trabajadores en huelga lo dio José Antonio Almazán, ex secretario del exterior del gremio y ex diputado federal, quien dijo que en promedio cada ayunante ha perdido 8 kilogramos de peso; sin embargo, los que primero se pusieron en ayuno han perdido entre 15 y 16 kilos.

Sostuvo que ante la prolongación del ayuno, además del apoyo de los médicos del mismo SME, se pedirá que doctores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las áreas de salud del Distrito Federal y la propia Cruz Roja tengan presencia permanente en el campamento.

Hizo ver que en total los trabajadores que participan en la huelga masiva suman 600 kilogramos de peso perdidos, por lo que sí están poniendo en riesgo su vida frente a un gobierno que no ve ni escucha, ni a ellos ni a ninguno de los trabajadores de este país.

El líder del gremio, Martín Esparza, señaló por su parte, que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede detener esta injusticia y lo puede hacer de inmediato, por qué los ministros no tienen porque actuar con dilación, ya que el acto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fue un acuerdo político del gobierno de Calderón para privatizar un sector prioritario del país en beneficio de intereses de grandes empresas nacionales y extranjeras, pero no fue legal y ellos lo saben.

Mientras, todavía con ánimos, los trabajadores corearon en el mitin en el Zócalo: ¡estamos aquí por convicción; huelga de hambre, solución!

Acusan al Estado de falta de voluntad para indagar paradero de eperristas

Deplora la Comed nulo avance sobre las desapariciones forzadas

Acusan al Estado de falta de voluntad para indagar paradero de eperristas

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 15

La víspera del tercer aniversario de la desaparición forzada de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la Comisión de Mediación (Comed) del caso manifestó ayer que no existe voluntad del Estado para investigar estas desapariciones. No existe mesa de diálogo, pues subsiste la carencia de voluntad política del gobierno federal para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas.

Este martes se cumplen tres años de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos por policías en la ciudad de Oaxaca –el 25 de mayo de 2007–, a quienes se imputa haberlos torturado y luego entregarlos a militares.

En este periodo es nulo el avance de la investigación; el Estado se niega sistemáticamente a reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada, mientras todas las informaciones recabadas por esta comisión apuntan a que los dos militantes del EPR fueron detenidos por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de las leyes, señala la comisión.

En esta segunda fase, la Comed ha sido integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Sarabia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, Pablo Romo Cedano, Samuel Ruiz García y el finado Carlos Montemayor.

Sobre éste último, la Comed resaltó que lamenta en carne propia su ausencia, pero se alimenta profundamente y se orienta con sus huellas.

La Comed aseveró ayer que a partir de hoy dinamizará una nueva etapa de trabajo en la búsqueda de las condiciones, interlocuciones y articulaciones que permitan la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Ratificó que aun cuando en este momento no existe una mesa de diálogo que se oriente a la presentación con vida de los dos desaparecidos, por la falta de voluntad política del gobierno, la Comed desplegará diversos esfuerzos de acercamiento que permitan superar la problemática del formato y entren de lleno con diversas instancias gubernamentales al tratamiento de los contenidos e hipótesis plausibles que son materia de su labor mediadora.

Solicitó al Partido Democrático Popular Revolucionario-EPR la continuación de la tregua unilateral y su análisis e hipótesis acerca de las condiciones y rutas de la desaparición de sus militantes.

Al gobierno federal la Comed demanda acciones que lleven a la presentación con vida de ambos, atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Solicitó interlocución directa con Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y el gobierno de Oaxaca.

"Un delito", el amago de los jerarcas

Un delito, el amago de los jerarcas

E. Martínez, corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 10

Morelia, Mich., 24 de mayo. El boicot al Censo de Población 2010 que anunció la jerarquía católica mexicana implica un delito contra normas del orden público, que amerita iniciar de inmediato una averiguación previa, y el Estado al menos debe solicitarle que se retracte, aseguró el constitucionalista Diego Valadés.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que hay excesivos incentivos para la ruptura del estado de derecho, pero gran parte de los episodios que sobrevienen quedan sin respuesta legal del Estado.

Tras ofrecer la conferencia Los problemas del Estado laico, en la sede del Congreso local, Valadés cuestionó la clase de país que sería México si los partidos, organizaciones sociales y entidades gremiales decidieran boicotear el censo.

Boicotear un censo es un hecho sin precedente en la historia de la vida pública del Estado, y el Ministerio Público Federal debe intervenir ante el pronunciamiento de la Iglesia católica, porque la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica impone hasta 10 mil salarios mínimos de multa a las personas morales que impidan el desarrollo normal de estos levantamientos, precisó.

Según Valadés, debe imperar el principio de laicidad para que la Iglesia hable con libertad, sin que el Estado mexicano siga sus indicaciones como si fueran mandatos vinculantes o se legisle y decida conforme a ellas.

De alguna forma se está adoptando por vía de los hechos un fuero en favor de la Iglesia católica, indicó

La Iglesia católica da marcha atrás en la amenaza de boicot al Censo de Población

La confusión, por una lista que le fue filtrada a la Conferencia del Episcopado Mexicano, dice

La Iglesia católica da marcha atrás en la amenaza de boicot al Censo de Población

La advertencia, abierta intromisión en las políticas públicas del país: Observatorio Eclesial

El próximo lunes los encuestadores del Inegi comenzarán las visitas. En la imagen, el censo de 2005Foto José Núñez

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 10

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que no habrá boicot al Censo de Población y Vivienda 2010 –como lo anunció la Arquidiócesis de México–, debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le aclaró ayer la confusión que prevalecía entre los jerarcas de la Iglesia católica a causa de una lista que les fue filtrada sobre la encuesta en materia religiosa.

El dirigente nacional del PAN, César Nava, consideró atendible la demanda de la Iglesia católica de dialogar en torno a la metodología utilizada para el próximo censo. Se mostró en favor de escuchar las posturas de la jerarquía católica sobre el particular.

Ante la advertencia de boicot al censo –en la parte referente a religión– que dará inicio la próxima semana, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) llamó a todas las iglesias a respetar a las instituciones del país, y afirmó que el llamado de católicos tuvo como fin predisponer las respuestas de la ciudadanía, porque no asume la gran pérdida de credibilidad que tiene y que consecuentemente ha reducido el número de sus feligreses, sin contar con que existe una distancia abismal entre los creyentes practicantes y los que no lo son.

El Observatorio Eclesial consideró que el anuncio de aplicar un boicot al censo de población 2010 refleja un temor bien fundado de la Iglesia católica a la tendencia internacional de pérdida de feligresía, y es una agresión al Estado laico que no debe permitir el gobierno federal, porque es una abierta intromisión en las políticas públicas del país.

Manuel Corral, secretario de relaciones públicas de la CEM, refirió que la suspensión del boicot se tomó luego de que personal de nivel superior del Inegi se reunió por espacio de una hora con Víctor Rodríguez, secretario general de la conferencia, y él, en oficinas del episcopado, donde les explicaron que la pregunta de la encuesta es abierta.

Aclarando las ambigüedades y confusiones se avanza, y eso es lo que nos ayuda a que un censo pueda tener el éxito que tiene para el Inegi y la Iglesia. La lista que se manejó no era oficial ni autorizada por parte del instituto, y fue la que generó no sólo confusión sino la alarma por parte nuestra, destacó.

Apuntó que el boicot era una señal última de que no se pudiera dialogar, y fue advertido por la arquidiócesis en su semanario Desde la fe y asumido por un sector de la Iglesia del país, por un mal entendido ocasionado por una lista que se filtró a la CEM.

Por parte nuestra reconocemos que no preguntamos en el Inegi si era la lista oficial de la clasificación que hacía en relación con la Iglesia católica. Esa fue la confusión o error de parte nuestra y también del Inegi, que no se dialogó desde el primer momento en una parte importante como es el censo.

Por su parte, la Confraternice aclaró en un comunicado que el Inegi y la Secretaría de Gobernación han tenido en los pasados 10 años acercamientos con las distintas iglesias para recabar los comentarios que éstas tengan respecto de las encuestas que elaboran, por lo que le extrañó que la jerarquía católica se diga sorprendida

Tinte discriminatorio: AI

Tinte discriminatorio: AI

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 25 de mayo de 2010, p. 3

En la investigación sobre el caso Diego Fernández de Cevallos hay protagonismo y un tinte de discriminación contra los sectores más vulnerables del país, manifestó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México.

Esperemos que el desarrollo del caso no sea la confirmación de un trato discriminatorio. El cuello de botella en derechos humanos es una procuración de justicia ineficiente, agregó en entrevista luego de presentar el libro Por la paz en Darfur en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los derechos humanos son indicador de gobernabilidad democrática y su falta de prevalencia puede poner en riesgo la gobernabilidad, aseveró.

Por otro lado, respecto del fuero militar lamentó que aún no se haya legislado en torno al artículo 57 constitucional y que la autoridad sea incapaz de dictaminar esa reforma, pues es un paso importante que debimos dar hace 10 años. Es una deuda multidimensional que debe asumir el gobierno.

Expresó que el Ejército es una entidad que debe estar sujeta al escrutinio público y al control presupuestal. Tenemos que comprender que no es pregunta si quiere someterse al fuero civil cuando actúa contra los ciudadanos, sino obligación. Debe subordinarse a las decisiones del Congreso de la Unión y sumarse a los estándares internacionales sobre derechos humanos.

Debe reconocerse que existen abusos de militares y por ello hay que emprender acciones efectivas para terminar con ellos. Esperamos que el presidente Felipe Calderón cumpla su compromiso de entregar una iniciativa en septiembre, ya que si comparamos México con las acciones que han efectuado Guatemala, Argentina y Chile, hay un atraso en el principio de rendición de cuentas. No atender la rendición de cuentas es correr el riesgo de que continúe la impunidad, apuntó.

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