lunes, 24 de agosto de 2009

El caso Acteal debe reabrirse “a partir de la hipótesis de que fue un crimen de Estado”

El origen de la matanza de Acteal y la ubicación de sus autores intelectuales y materiales deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de la hipótesis que plantean los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación de grupos paramilitares en Chiapas, sostuvo el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
“La investigación de Acteal debe reabrirse a partir de la hipótesis central de que haya sido un crimen de Estado. El informe de Estados Unidos (sobre la matanza de 45 indígenas) si bien no tiene fuerza vinculatoria en nuestro sistema jurídico para que la fiscalía pudiera utilizarlo como prueba ante los tribunales, si es una mera información que desde luego debe ser corroborada por las autoridades mexicanas con los elementos de investigación a su alcance”, expuso ayer Arteaga Nava en entrevista con La Jornada.
Lo que se hizo mal
El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, informó el pasado viernes en Yucatán que la PGR revisa “lo que pudo haberse hecho mal”, y también “líneas de investigación que quedaron pendientes en el caso Acteal”.
Según dijo el funcionario, el Ministerio Público Federal ya revisa la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó hade dos semanas en libertad a 20 indígenas acusados de masacrar a 45 tzotziles en diciembre de 1997 en Chiapas.

Los famliares de las víctimas de Acteal aún esperan que se haga justiciaFoto Moysés Zúñiga
Sobre los alcances de la reapertura de la investigación por los hechos en Acteal, Elisur Arteaga, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, quien ha sido profesor de funcionarios de primer nivel como el presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró ayer que la resolución de la primera sala de la Corte apunta en cuatro sentidos.
“Primero: que se investigue quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la matanza. Segundo: que se sancione a quienes alteraron, como Ministerio Público, las pruebas para acusar a estas personas liberadas. Tercero: se investigue a los jueces y magistrados que intervinieron en esto. Cuarto: que se indague también la omisión y alteración de la escena del crimen por parte de las autoridades locales, a las que originalmente les correspondió realizar las pesquisas del crimen”, puntualizó.
El especialista en derecho constitucional destacó que las recientes revelaciones del archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos son un elemento claro para incluirlo como hipótesis en la averiguación de la PGR.
“Y si de ahí se desprenden datos donde señale una intervención concreta de influencia de acciones paramilitares propagadas por tal o cual servidor público, pues será parte de la indagatoria, pero no podrá ser la base para una posible consignación penal contra uno o varios presuntos responsables”, precisó.

CARTONES DE LA JORNADA











domingo, 23 de agosto de 2009

Usuarios del Messenger formarían el tercer país más poblado del mundo

Diez años después haber iniciado operaciones en México, el Messenger (msn) se ha convertido en la herramienta más popular de comunicación instantánea del país. Hace poco más de una década, el 22 de julio de 1999, en los monitores de las computadoras de los mexicanos apareció un logotipo con una efigie azul y otra verde, que giraban en una órbita que representaba la comunicación entre ambas.
Desde su aparición en México, la mensajería instantánea revolucionó Internet y aceleró la comunicación, pues combina la escritura con la inmediatez y sincronía del teléfono, frente a sistemas como el correo electrónico, y más aún el postal, en los que había que esperar hasta semanas por una respuesta, aseguró Fabián Romo, especialista de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) de la UNAM.
En dos meses, el msn contaba con 2.5 millones de usuarios mensuales en México, cifra que en la actualidad se eleva a 22 millones 969 mil cuentas activas en el país y aunque de éste se “ha dicho de todo, destacando los riesgos, los beneficios son mayores”, sostuvo el investigador universitario.
Datos de la empresa que opera el servicio revelan su popularidad y uso en todo el planeta: en 2005 se enviaron casi 2 mil 500 millones de mensajes diarios por esta vía. Si todos los usuarios fueran parte de un solo país, éste sería el tercero más poblado, sólo detrás de China e India, pues 60 por ciento de quienes chatean en el planeta prefieren el msn.
Romo consideró que contrario a lo que se cree, el Messenger ha logrado que la actual generación sea la que más lee y escribe, “aunque eso no garantiza que se escriba bien”. En ese sentido, el especialista exhortó a los usuarios del servidor a emplearlo de tal manera que se convierta en una herramienta “para rescatar el idioma y enriquecerlo, con lo que mejoraría la comunicación, porque al usar signos que no son compartidos por todo el mundo en lugar de derribar barreras se crean otras”.
Otro de los beneficios que trae consigo, dijo, es que “como toda herramienta de comunicación que tiene la humanidad a su alcance genera relaciones y efectos. Lo mismo hay gente que se ha enamorado por carta postal que por el Messenger. Hay un mayor tráfico de información personal entre los individuos: fotos, audios, etcétera, por lo que la comunicación se ha vuelto multimedia”.
Frente a una sociedad con prisas, urgencias y falta de tiempo, el mensajero instantáneo ayuda a que las personas se sientan conectadas con otros y compensa las relaciones que se pierden con el actual ritmo de vida.
Empleo sin fronteras
Claudia vivió cuatro años en Munich, Alemania, ahí, por medio de las tecnologías de Internet, entre ellas el Messenger, consiguió trabajo como traductora en una empresa con sede en Hamburgo y gracias a ese servicio pudo continuar con sus labores cuando regresó a México; es una de las pocas mexicanas beneficiadas por la devaluación del peso, pues le pagan en euros.
Marian y Julio viven un intenso romance que inició en el Messenger. “Era una herramienta no sólo para charlar, sino para estar cerca, conocernos y de un momento a otro ya no podíamos separarnos”, aseguran.
Algunos lo usan para trabajar, otros más para pasar el tiempo y entretenerse, unos más para comunicarse con amistades con las que no tienen contacto personal habitual.
Sin embargo, alertó el investigador, aunque son más los beneficios, la mensajería instantánea también representa un riesgo al proporcionar información personal a desconocidos; por ello, recomendó que los usuarios no acepten entre sus contactos cuentas que no conozcan.
Con el tiempo el servicio ha evolucionado. Ya no sólo se utiliza texto para el chateo, ahora los usuarios cuentan con una gama de emoticones (símbolos que expresan emociones) con los que pueden enfatizar la intención de quien escribe.
Para Romo, uno de los siguientes retos de este servicio de mensajería será, en primer lugar, fusionarse con otros, administrados por otras empresas, para generar redes más amplias; además de unificarse con otras tecnologías para tener contacto de voz y video.

Afectan recortes programas educativos

Aguascalientes, Ags. Ante el recorte que sufrió el Instituto de Educación de Aguascalientes, por 100 millones de pesos, programas como el de enseñanza del inglés para primero, segundo y tercer grados de primaria se suspenderán temporalmente para el ciclo escolar que inicia este lunes, así como la fusión de grupos de pocos alumnos (15 o 20) con otros del mismo nivel y con números similares, para que un profesor esté al frente de la impartición de clases y los otros serán reubicados en áreas que se necesiten, informó Óscar Ponce Hernández, titular de la dependencia

Protestan por violencia contra mujeres en Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 22 de agosto. La artista Elena Chauvet expresó su inconformidad ante las desapariciones impunes de mujeres en esta localidad fronteriza, con una instalación en la cual colocó zapatos rojos sobre las banquetas de la avenida Juárez.
“La violencia es algo terrible que nos tocó vivir en la frontera”, dijo Chauvet, quien exhibió 40 zapatos rojos de mujer, donados por personas que se unieron a la causa de “sensibilizar a la población y autoridades”, ante los 14 casos de desaparecidas en Juárez este año, y 31 de 2008 a la fecha, según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia para la zona norte.
La Subprocuraduría indicó a su vez que “en 2007 se registraron 417 casos de desaparición o extravío de mujeres, de las que 414 fueron localizadas, tres siguen sin aparecer y son casos considerados de alto riesgo. En 2008 los reportes de mujeres desaparecidas disminuyeron a 327 casos, pero fueron localizadas 313, por lo que 14 siguen pendientes y cuatro son de alto riesgo”.
La Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes, de la procuraduría estatal, indicó a su vez que de las 14 mujeres extraviadas en 2009, ocho tienen entre 15 y 22 años de edad. Sostuvo que las implicadas tienen características físicas similares: tez morena, cabello largo y lacio y cuatro se llaman Brenda.

En 4 años, 672 feminicidios en el Edomex; impunes 89% de casos, según la Codhem

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) denunció que en esa entidad, en lo que va de la presente administración, han sido asesinadas 672 mujeres y 89 por ciento de esos casos no han sido esclarecidos. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese mismo periodo (septiembre de 2005-agosto de 2009) han sido ultimadas 500 mujeres, 95 de ellas este año.
Ángeles López García, presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, una de las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), señaló que la diferencia en el número de casos que denuncia la Codhem y los que asegura la procuraduría de Justicia radica en que ésta maneja otros parámetros para calificar de feminicidio un asesinato; sin embargo, la abogada aseguró que los 672 casos están documentados y las escenas de los crímenes así lo demuestran.
Según informó Católicas por el Derechos a Decidir, organización que forma parte del Observatorio, las edades de las mujeres asesinadas va de los 11 a los 40 años; los municipios que registran más feminicidios son Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Chalco.
La mayoría de las mujeres eran amas de casa o estudiantes, sus decesos se produjeron principalmente por disparos de arma de fuego, golpes en la cabeza, heridas con objetos punzocortantes o estrangulamiento. Los cuerpos suelen aparecer tanto en la vía pública como en casas.
Si bien en otras entidades, con excepción de Chihuahua, la cifra no es tan alarmante, en todos los estados de la República cada año ocurren un promedio de entre 31 y 39 feminicidios, explicó López García.
Esta semana, la Asamblea Legislativa del Distrito Federa aprobó en las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, modificar el artículo 138, fracción cuarta, del Código Penal del Distrito Federal, para tipificar los crímenes de odio en reglas comunes para delitos de homicidio y lesiones. No obstante, representantes de dicho observatorio consideran que si bien esa medida significa “un avance”, no es suficiente, y el feminicidio debe ser tipificado como delito específico, como el robo, el secuestro o la trata de personas.
“Ese cambio no es la tipificación del homicidio en los términos que varias organizaciones proponemos; sin embargo, es un precedente importante para que en otros estados se tomen medidas parecidas, y es un avance, pues, en años recientes hemos documentado asesinatos contra mujeres que los calificamos de crímenes de odio” afirmó López García.
Reconoció que el concepto de feminicidio forma parte de todo un debate en América Latina y no es fácil introducirlo en el ámbito judicial. Sin embargo, al analizar la escena del crimen, surgen elementos que demuestran que la víctima fue ultimada por cuestiones de género.
“El feminicidio nació como categoría social y política por el movimiento feminista para evidenciar la violencia contra las mujeres hasta el homicidio. Si bien pasar esa categoría al mundo penal implica una discusión técnica legislativa, lo cierto es que la escena del crimen del feminicidio no es la de un accidente de tráfico, sino construida, donde las mujeres aparecen asesinadas con crueldad, violadas, atadas de pies y manos, mutiladas y tiradas a la vía pública”.

Pide Las Abejas investigar a quienes “ocultaron pruebas” en el caso Acteal

Acteal, Chis., 22 de agosto. La organización civil Las Abejas insistió en que los 20 tzotziles liberados en días pasados gracias a la resolución “vergonzosa” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “no son inocentes”, y exigió que se investigue a quienes “trataron de ocultar pruebas contra los paramilitares” que asesinaron a 45 indígenas en esta comunidad el 22 de diciembre de 1997.
“No sabemos si los agentes del Ministerio Público o del Poder Judicial confundieron nuestros testimonios en sus papeles, o quizá lo hicieron para preparar el camino para que la SCJN liberara a los presos”, señaló Las Abejas mediante un comunicado de prensa leído este sábado durante la misa con la que se recuerda a las víctimas cada día 22 de mes, desde hace 11 años, a la que asistieron decenas de indígenas del municipio de Chenalhó.
“Son nuestros hermanos tzotziles que fueron manipulados por el gobierno y aunque su culpa sea menor que la de los autores intelectuales que los utilizaron como títeres, ellos también tienen su parte”, enfatizó la organización. Confió en que la verdad sobre la matanza “tarde o temprano salga a la luz, aunque la quieran negar el gobierno y sus medios de comunicación”.
Las recientes revelaciones del archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sostuvo, “confirma lo que siempre hemos dicho y no se nos ha hecho caso: que los paramilitares que quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas y masacraron a nuestros hermanos eran apoyados por la policía estatal y el Ejército Mexicano”.
En la homilía, Marcelo Pérez, párroco de Chenalhó, exigió a los obispos de México que “levanten su voz ante este nuevo golpe” contra los indígenas de Acteal: “la Iglesia es abogada de la justicia, y Dios aborrece la impunidad”.

Un indígena tzotzil ora durante la misa en honor de las víctimas de la matanza de ActealFoto Moysés Zúñiga Santiago
Insistió en recordar “la verdadera historia y no permitir que el gobierno y sus instituciones de injusticia y los medios de comunicación que lo sirven, traten de borrar nuestra palabra para crear su propia historia, sus propios hechos y su propia justicia”.
Reprochó que la Corte diga ahora que “hay que investigar a los que fabricaron pruebas contra los acusados de la matanza. Nosotros decimos que ¡no!; hay que investigar a los que trataron de ocultar pruebas contra los paramilitares y contra el gobierno que los apoyó”; si los ministros siguen por ese camino, “pronto van a tapar completamente a los responsables de la masacre y quizá hasta van a acabar acusando a Las Abejas de haberla inventado”, advirtió.
Carlos Morfín Oteo, provincial de los jesuitas en México, consideró que la estrategia de armar grupos paramilitares para dividir a la población, que en 1997 “tenía como intención fracturar el tejido social para quitarle bases al Ejército Zapatista de Liberación Nacional” y dio como resultado la masacre, “sigue vigente” y de ella forma parte la resolución de la Corte que liberó a los 20 acusados el pasado 13 de agosto.
Dijo que ante la “injusta resolución” del Poder Judicial, “hay que recuperar la mirada y ponerla de nuevo en nuestros mártires de Acteal, que supieron convocarnos y generar entre nosotros caminos de solidaridad; mantener viva la esperanza, pues su sangre sigue siendo semilla de cristianos, de gente de buena voluntad que se indigna con la injusticia y busca caminos de solidaridad”.

CARTONES






















sábado, 22 de agosto de 2009

Cabildea ANUIES con líderes de partidos para salvar presupuesto educativo en 2010

Jalapa, Ver., 21 de agosto. El consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) realiza un intenso cabildeo con dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) respecto de la integración del presupuesto para la educación superior en 2010, informó Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana y coordinador de universidades públicas del citado consejo.
Dijo esperar que los legisladores de los tres partidos “defiendan las partidas presupuestales para un tema tan vital en el desarrollo del país como la formación de profesionistas, e impidan que disminuyan los fondos respectivos, así como los de la investigación científica.
“En la propuesta que presentamos a los dirigentes está la petición, pero también el remedio: frente a la crisis financiera se debe impulsar una verdadera reforma hacendaria y, a la vez, decretar como política de Estado el apoyo de la educación superior”, enfatizó.
Entrevistado durante la presentación del programa para el décimo Congreso Nacional de Investigación Educativa –que se realizará en el puerto de Veracruz del 21 al 25 de septiembre–, Arias Lovillo refirió que durante los pasados tres años la Cámara de Diputados ha mantenido una alianza estratégica con la educación superior.
“Se revirtieron proyectos de disminución de presupuesto e incluso se alcanzaron aumentos en las partidas anuales; esperamos que los integrantes de la 61 Legislatura federal sigan defendiendo a la universidad pública, la educación superior y la investigación científica”, acotó.
Recordó que en las dos semanas pasadas, los integrantes del consejo nacional de la ANUIES –quienes representan a unas 155 instituciones educativas– se entrevistaron con los dirigentes nacionales del PRI y PRD, Beatriz Paredes Rangel y Jesús Ortega, respectivamente, y agregó que la próxima semana se reunirán con el panista César Nava.
“Nos han recibido bien la propuesta y les pedimos que, en función de los recortes y en el contexto de crisis económica, se cuide que no se afecte a un rubro tan importante para el desarrollo de una nación como es la educación superior”.
De acuerdo con el funcionario, más allá de la situación que México atraviesa, y el “gran hueco” resultante del desplome en recaudación fiscal, sería un error recortar fondos para las universidades públicas, pues se dañaría a largo plazo a las generaciones venideras.

Se gasta el doble en atender enfermedades originadas por el tabaco de lo que se recauda en impuestos por su venta

Por impuestos al tabaco México no recauda ni la mitad de lo que invierte en gasto médico para atender las enfermedades asociadas con el tabaco, aseguró Luz Myriam Reynales Shigematsu, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud. Al participar en el simposio Tabaquismo en México: ¿cómo evitar 60 mil muertes prematuras?, clausurado ayer en El Colegio Nacional, la especialista sostuvo que, según datos de 2008, nuestro país recauda 24 mil millones de pesos anuales y los costos estimados ese año para atender enfermedades asociadas al tabaco fueron de 45 mil millones de pesos.
En su ponencia, sobre las consecuencias económicas del tabaquismo, la especialista aseguró que esta cifra es “conservadora”, porque no considera los costos por la exposición al humo de tabaco de segunda mano (tabaquismo pasivo) ni los costos indirectos por pérdidas de productividad.
Dado el gasto que representa para el Estado el tabaquismo, sostuvo que México debe impulsar una política fiscal saludable porque, además, el aumento de impuestos al tabaco tiene un efecto sobre la disminución del consumo.
“Aumentar el precio vía impuesto ha demostrado ser la estrategia más efectiva para reducir el consumo en el país, y que adicionalmente permitiría generar recursos financieros necesarios para apoyar las actividades de prevención de la adicción a la nicotina y tratamiento de las enfermedades atribuidas al tabaco”.
Agregó que si en México se incrementara 10 por ciento el impuesto al tabaco, su consumo disminuiría cinco por ciento, especialmente entre los jóvenes y la población con menos recursos.
Por su parte, Justino Regalado Pineda, jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, dio a conocer algunos tratamientos farmacológicos que existen para tratar la adicción a la nicotina, como medicamentos o parches, y recomendó que cualquier tratamiento debe ser prescrito por profesionales de la salud.
Señaló que de los aproximadamente 14 millones de fumadores que existen en México, 85 por ciento no tienen adicción a la nicotina, por lo que los programas de rehabilitación van más enfocados a este sector de la población, porque para el 15 por ciento que sufre una adicción severa, es muy difícil que abandone el consumo.
Las personas que consumen entre siete y 10 cigarrillos diarios pueden dejar de fumar con estrategias de control, sin embargo, los que consumen más de 20 cigarrillos diarios requieren de tratamiento farmacológico.
En su turno, Luis Solís Rojas, director nacional de Tratamiento y Rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil, dijo que la promoción de la salud y prevención del tabaquismo deben estar dirigidos a la comunidad, la escuela y la familia.
Indicó que un niño que es hijo de un fumador tiene siete veces más posibilidades de consumir tabaco que otro que no pertenece a una familia fumadora.
Aseguró que el éxito de los programas de prevención no depende únicamente de las políticas públicas, sino del cambio de los estilos de vida. Sin embargo, pueden mejorarse incorporando más investigación.

Rechazan plan para recuperar playas en QR

Cozumel, QR, 21 de agosto. Juan Carlos González Hernández, alcalde de Cancún, y Greenpeace México alertaron sobre los riesgos sociales y ambientales que podría ocasionar el programa de rehablitación de playas en esta localidad, Cozumel y Playa del Carmen. Si bien, dijo, es un proyecto a largo plazo y que contempla el mantenimiento de las playas, no hay garantía de que en un futuro éstas vuelvan a erosionarse.
Alejandro Olivera, de Greenpeace México, advirtió que la recuperación de playas “es abrir un hoyo para tapar otro”, pues, consideró, no se tomó en cuenta que la arena que será extraída es un muro que protege a Cozumel de los huracanes, y advirtió que es probable que el problema se vuelva permanente, porque hace falta una política ambiental consistente para que Quintana Roo no enfrente riesgos ante huracanes cada vez más fuertes y pérdidas económicas más grandes.
Por otra parte, Raziel Villegas Núñez, director general de Impacto Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ratificó su denuncia ante la Procuraduría General de la República por las amenazas de muerte que recibió hace unas semanas vía telefónica, “lo cual interpretó como una referencia a la clausura de un hotel de la cadena Real Resort –concretada el 30 de julio–, por erigir un espigón con el cual le ganó terreno al mar, cuyo oleaje destruía los cimientos del centro de hospedaje”.
Reiteró que continuará el proceso legal contra dicha empresa, a pesar de los “pretextos” que ésta pone para no retirar el espigón, cuando para ello tiene de plazo quince días –que comenzó el miércoles de la semana pasada– ; advirtió que no hay amparo que proteja al grupo hotelero contra la determinación de la Profepa.
En tanto, dicha empresa aseguró no tener la obligación de retirar el espigón porque obra en su favor una suspensión judicial otorgada por el juzgado segundo de distrito. Explicó que los trabajos se suspendieron porque el propietario del hotel vecino retiró el permiso para sacar el material, por lo que ahora están a la espera de un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Acteal

E
rnesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.
No lo olvidemos: la noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia, inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.
Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.
Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha–, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su nueva imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.
El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta creada, insisto, por ellos mismos.
La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.
Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para evitar nuevos brotes de violencia.
Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994. Pero, al autorizarla, Zedillo cometió un crimen de lesa humanidad por el que algún día, ojalá no muy remoto, será juzgado y condenado. Su delito, como se sabe, es imprescriptible, y cuando en México se restaure la justicia tendrá que responder, no sólo por Acteal sino también por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, cuyo gobierno instrumentó para alcanzar objetivos de corto plazo, entre otros, por ejemplo, justificar devaluaciones temporales del peso. Sólo una bestia como él –a la que según sus propias declaraciones nunca le ha dolido la cabeza– pudo haberle causado a México tantos daños económicos y sociales y, no obstante, conservar el cinismo que le permite pasearse por el mundo como el padre de la transición democrática mexicana... merced a la cual nos dejó entre las pezuñas de un burro como Vicente Fox.
Pero por lo pronto, seamos objetivos, Zedillo y sus cómplices aplazaron por algún tiempo más el juicio que no podrán eludir indefinidamente. Se anotaron, hay que reconocerlo, una pequeña victoria, junto con los sepultureros de la historiografía, que en 2006 desenterraron los cadáveres de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los hombres asesinados en Acteal, y de los fetos que fueron sacados del vientre materno a machetazos, para acusarlos de delitos nefandos. Que la patria los cubra de laureles y de euros.
Gracias a las momias de la Suprema Corte, el futuro de México está en manos de los paramilitares, esos nuevos actores políticos que, inspirado en la experiencia colombiana, Enrique Peña Nieto planea utilizar, si llega a Los Pinos, como agentes pacificadores en contra del descontento popular y, supuestamente, el narcotráfico. No por nada, las relaciones entre la ultraderecha prianista y el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe están más sólidas que nunca.
Anteayer, en Bogotá, Calderón olvidó que preside el Grupo de Río y que debe fomentar las buenas relaciones diplomáticas entre los países de América Latina, y delante de Uribe se manifestó en favor de las siete bases militares que Estados Unidos planea modernizar en territorio colombiano, como parte de una eventual guerra contra Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con ese gesto de adhesión a Uribe, Calderón lanzó una bofetada a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles.
Lo bueno es, sin embargo, que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se enteró de la excarcelación de los asesinos de Acteal, o de las nuevas formas de represión made in Colombia que se fraguan, y de ningún otro asunto, trascendente o no, porque México, sí, ¡México, nuestro querido México!, le ganó 2-1 a Estados Unidos y eso es lo único que cuenta y por lo cual merece la pena vivir borrachos de gloria hasta que termine el campeonato mundial de Sudáfrica.
La victoria de México, ¡de todo México!, sobre el equipo de Estados Unidos es mil veces más importante que el anuncio, hecho el martes por Agustín Carstens, cuando dijo que en 2010 el país dejará de captar 316 mil millones de pesos por concepto de venta de petróleo y, por lo tanto, el gobierno recortará todos los programas sociales, no fomentará las actividades productivas, no construirá la nueva refinería (pero seguirá importando gasolina y cobrando comisiones por ello), despedirá a más burócratas y aplicará IVA a alimentos y medicinas, pero no rebajará los sueldos de ninguno de los altos funcionarios, ni disminuirá sus privilegios, ni pronunciará la palabra austeridad.
Al contrario, subirán todos los precios, se perderán cientos de miles de empleos, se recrudecerá la inseguridad y se multiplicarán las fuerzas represivas, pero sólo pensaremos en una cosa mágica, fascinante y extraordinaria: el futbol. Y cuando México, ¡sí, todo México!, tenga su boleto para irse a Sudáfrica, Televisa se encargará de mantenernos extasiados y anestesiados, incluso cuando no nos quede otro remedio que ir al Monte a empeñar la televisión. ¡Ah, qué maravillosos días se avecinan!
Por lo pronto, hay que ir al cine a ver Corazón del tiempo, la película que durante años y con enormes sacrificios escribieron Hermann Bellinghausen y Alberto Cortés, antes de filmarla en la selva Lacandona, con los miembros de una comunidad zapatista que relatan su propia vida, entretejida con la historia de amor entre una mujer que se quiere casar con un soldado del EZLN, pero tiene en contra la opinión de su familia. Un proyecto cinematográfico admirable, que desde su gestación contó con la simpatía y el apoyo de Robert Redford.
Lydia Cacho. Plan B 17 de agosto de 2009
La verdad sobre Acteal
Tengo los videos de entrevistas con sobrevivientes que grabé en enero de 1998, un mes después de la masacre de Acteal. Nunca como ese día me sentí extranjera en mi país; las carreteras tapizadas de militares agresivos y violentos, la descalificación estratégica que el gobierno de Zedillo y el procurador Madrazo hacían tanto de movimientos sociales como de periodistas que se atrevían a dar voz a las comunidades indígenas en resistencia, generaron un ambiente hostil que en aquel entonces sólo se reflejaba plenamente en las páginas de La Jornada y en las crónicas de corresponsales extranjeros.
La manta anuncia que hemos llegado a la comunidad de Acteal de Las Abejas, municipio pacifista de Chenalhó. Margarita habla frente a mi cámara: rezaban cuando los paramilitares les rodearon, ella cayó al suelo y sobre su espalda un muerto como escudo le salvó la vida. Allí tirada, inmóvil, desde el ángulo de su mirada registró el rostro de 10 hombres que nunca olvidará. Muestra fotografías de su madre y su hermano asesinados. Aquí nadie usa armas, ni creemos en matar, dice un joven sobreviviente; los paramilitares lo sabían.
Cuando regresé unos meses después ya habían construido un modesto mausoleo para sus muertos, exigían justicia, no venganza. La solidez moral de esa comunidad me conmovió profundamente. De los 200 miembros del grupo paramilitar que se identificaba con el PRI, casi todos eran conocidos de nombre y rostro por la gente de Chenalhó. Visité el territorio de los priístas y los evangélicos, libres de vigilancia militar. Reportando los hechos concretos se hizo evidente que la versión del gobierno y de medios oficiales había logrado polarizar a la opinión pública. Radicalizar y simplificar hechos facilita el abuso de poder y las injusticias. Cuando se siembra odio se cosechan impunidad y violencia. Pero la comunidad de Las Abejas decidió creer que la autoridad federal haría su trabajo; evidencias y testigos sobraban. Una víctima jamás olvida el rostro del torturador o el asesino, a las y los sobrevivientes les fue fácil señalar a los paramilitares asesinos.
Sólo cinco de ellos confesaron. Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los confesos fue liberado por la Suprema Corte. Ochenta y tres paramilitares siguen sujetos a proceso, y ahora tienen posibilidad de salir libres. Cuando la Suprema Corte revisó los expedientes y halló fallas técnicas, pudo haber ordenado que se repusiera el procedimiento, ¿cómo liberar a un asesino que además de haber sido identificado se confesó? ¿Por qué no reponer el procedimiento y además enjuiciar al ex procurador Madrazo por haber forzado un proceso judicial que pudo haber sido de justicia ejemplar? ¿Por qué no juzgar a los ministerios públicos que entorpecieron el caso respondiendo a órdenes políticas? Que la Corte evidencie las fallas estructurales y técnicas del sistema de justicia es bueno; lo sospechoso es la pronta liberación; el ministro Cossío dijo que su resolución no avala la inocencia, sino fallas del procedimiento.
La historia de México está plagada de culpables que están libres gracias a los tecnicismos legales y a las decisiones políticas que los avalan. Y de inocentes presos por las mismas razones. Acteal es y será una herida abierta para México, sangra ahora por la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas y por enviciar aún más el putrefacto sistema de justicia penal.

Allana Ejército 3 casas en Irapuato sin orden de juez

Irapuato, Gto., 21 de agosto. Unos 15 elementos del Ejército allanaron tres viviendas en la comunidad Tomelopitos y amagaron a los moradores con armas de grueso calibre; a uno lo tiraron y un soldado puso su bota sobre la cabeza.
De las tres familias afectadas sólo Ángel García Aza denunció los abusos ante el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).
El pasado 18 de agosto, a las 12:30 horas, militares que se desplazaban al menos en tres vehículos sin número de serie, arribaron a Tomelopitos, y sin orden de cateo irrumpieron en tres viviendas con el pretexto de buscar droga y armas, denunció el presidente de la Barra de Abogados del estado, José Luis Colina.
“Cuando me paré ya estaba encañonado ¡Acuéstese! Me gritaron y me tiraron al piso”, narró Ángel García. En el suelo, un soldado le piso la cabeza para que no viera lo que hacían. “Me me subieron a una camioneta, me preguntaban dónde estaba la droga, las armas y los químicos”, relató.
Ángel, su esposa y sus dos hijos de cinco y un año, tienen miedo de que los militares regresen y les siembren droga o armas.
En el operativo militar también fueron cateadas sin orden de juez otras dos viviendas, cuyas familias “quieren estar en el anonimato porque tienen miedo”.
La Barra de Abogados de Guanajuato indicó que el Ejército no puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad.

Demanda AI protección para 2 jóvenes torturados por soldados

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente porque teme por la seguridad de dos jóvenes que la semana pasada fueron detenidos “arbitrariamente”, torturados y amenazados por militares en Cuernavaca, Morelos.
El 14 de agosto, soldados detuvieron “arbitrariamente” a los primos Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23, con el supuesto fin de obtener información sobre traficantes de drogas, dejándolos en libertad horas después, “tras someterlos a actos de tortura”.
AI señaló que la vida de ambos está en riesgo, ya que los militares les advirtieron que si denunciaban los hechos serían asesinados, por lo que demandó al gobierno federal garantizar “protección adecuada” a los jóvenes, que la justicia civil investigue los hechos para sancionar a los responsables y adoptar medidas para garantizar que las operaciones militares contra la delincuencia se apeguen a las normas internacionales de derechos humanos.
El organismo internacional destacó que el día de los hechos los primos Jaimes estaban en el interior de su automóvil cuando comenzó una discusión con un grupo de hombres que cruzaban un semáforo. De inmediato soldados y elementos federales llegaron hasta el lugar y por la fuerza subieron a los dos jóvenes a un camión militar.
De acuerdo con el testimonio de los agredidos, AI refirió que al parecer fueron conducidos a un cuartel militar y ahí durante varias horas los soldados “amenazaron con matarlos, torturarlos y violarlos. Les vendaron los ojos y los golpearon, los patearon en cabeza y costillas, se arrodillaron sobre su espalda mientras yacían boca abajo”.
Agregó que los jóvenes fueron interrogados sobre posibles vínculos que pudieran tener con vendedores de drogas, lo cual los agraviados negaron.
“Los soldados les dijeron que los iban a someter a descargas eléctricas, violarlos, ahogarlos y arrojarlos al barranco. Según el testimonio de los dos jóvenes, los soldados les advirtieron: ‘Si nos denuncian les va a ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares’. Ambos quedaron en libertad sin cargos varias horas después”.
AI denunció que aun cuando los primos denunciaron las agresiones ante la Procuraduría de Justicia de Morelos “no han recibido protección alguna de las autoridades”.
Amnistía Internacional reiteró que la estrategia de la administración de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada en la que se han desplegado miles de agentes y soldados por varios puntos del país “no ha conseguido la reducción de la violencia”, y por el contrario, “los abusos del Ejército, incluidos homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales, se han multiplicado por seis entre 2006 y 2008.

Deshonestidad


Denise Maerker Atando cabos 17 de agosto de 2009
Deshonestidad
No se puede reclamar la injusticia del proceso que se le ha seguido a Jacinta, ni cuestionar la absurda condena que paga Ignacio del Valle, el líder de Atenco en Almoloya, sin por lo mismo celebrar que la Suprema Corte de Justicia haya excarcelado a 21 indígenas que esperaban condena desde hace 11 años por la matanza de Acteal. Dicho de otro modo, no nos podemos quejar de las invenciones de la Procuraduría de Justicia en unos casos y aceptarla en otros, según nos parezca adecuado y correcto políticamente.
Y sin embargo, han sido legión los que en estos últimos días han hecho exactamente eso. Hermann Bellinghausen, por ejemplo, escribió ayer en La Jornada que: “El defensor y activista de los derechos humanos Michael Chamberlin con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: A pesar de la liberación no dejan de ser culpables… [y añade] que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre”. ¿Coartada? ¿Si la autoridad que acusa lo hizo todo mal, qué los hace culpables entonces? El argumento es el siguiente: en Chiapas hace 12 años el estado animaba y promovía una estrategia de contrainsurgencia que incluía la preparación, adiestramiento y equipamiento de comunidades antizapatistas de la zona. Los excarcelados pertenecían a una de esas comunidades y estaban enfrentados con las víctimas. Aceptando punto por punto lo anterior, de qué sirve este contexto para dilucidar la efectiva participación de Juan o Pedro y su responsabilidad concreta en la matanza? Existen efectivamente testimonios de sobrevivientes y de familiares de los muertos en contra de los acusados. Pero ningún testimonio puede ser suficiente, ni el del afi supuestamente secuestrado por Jacinta ni el de un sobreviviente de Acteal. Se necesitan pruebas, periciales y científicas.
—Ellos saben quiénes fueron, se conocen muy bien —me dijo convencido y dolido por la liberación, un conocedor de la zona. Pero eso no es suficiente, no en un sistema que pretende juzgar al individuo y no echar culpas colectivas. Es deshonestidad pura demandar un justo procedimiento sólo si el acusado es alguien en cuya inocencia se cree y considerar al contrario que es prescindible y un mero tecnicismo cuando damos por sentada su culpabilidad.










Prueba información del Pentágono que la matanza de Acteal fue plan de Estado: ONG

La revelación de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos de que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo autorizaron el “apoyo directo” del Ejército mexicano a grupos paramilitares en Chiapas, confirma que a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desde las altas esferas del poder se emprendió una estrategia contrainsurgente en aquella entidad, misma que provocó la masacre de Acteal, por lo que a partir de esa información oficial deben tomarse medidas para “llamarlos a cuentas”, aseguraron defensores de los derechos humanos.
Los centros Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) coincidieron en que la información oficial estadunidense recién desclasificada refleja que la matanza de 45 indígenas en Acteal –en su mayoría mujeres y niños– no fue producto de conflictos interculturales e interreligiosos, como han argumentado algunos sectores –entre ellos escritores y medios de comunicación–, sino de una estrategia de Estado.
Diego Cárdenas, del Centro Frayba, consideró que los datos de los cuerpos de inteligencia estadunidenses deben ser tomados en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconsiderar la puesta en libertad de 20 paramilitares –por “irregularidades” en los procesos judiciales– que habían sido sentenciados por su participación en la masacre, así como para el análisis de los amparos, que también podrían dar la libertad a otros 37 procesados por la matanza.
El activista demandó además que a partir de esta información y otros elementos, la 61 Legislatura –que empezará labores el próximo primero de septiembre– nombre una comisión “mixta y equitativa” que investigue a fondo la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
“Esto, a fin de señalar la responsabilidad de los funcionarios de gobierno que podrían haber ordenado la aplicación de esa estrategia de Estado, incluidos Salinas de Gortari y Zedillo; que se llame a cuentas a los militares que aún están en activo y que tuvieron un papel preponderante en la estrategia contrainsurgente, y ordenar que también se abran los archivos de la Sedena, para ir al fondo de lo que sucede en Chiapas de 1994 a la fecha”.
Por su parte, Luis Arriaga, director del Prodh, subrayó que la información de inteligencia de Estados Unidos es señal de la “opacidad” existente en el Ejército mexicano y en el sistema de justicia militar, misma que diversas ONG han denunciado constantemente.
Consideró que a partir de los documentos del gobierno estadunidense “se debe llamar a cuentas a los responsables de la estrategia contrainsurgente, que incluyó el respaldo a grupos paramilitares que provocaron la matanza de Acteal, entre otros ataques”.

CARTONES DE LA JORNADA







viernes, 21 de agosto de 2009

Rechazan ONG proyecto turístico en Quintana Roo

Cancún, QR, 20 de agosto. El desarrollo Punta Carey, en el área natural protegida X’calcel-X’cacelito, no garantiza “en absoluto” la protección del santuario de la tortuga marina y causará graves daños al sistema hidrológico de la zona, aseguraron las organizaciones ambientalistas Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Movimiento Ciudadano Ecologista (Moce) Yax Cuxtal. Asimismo, acusaron a Fideicomiso Empresarial, impulsor del proyecto, de falsear información a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Explicaron que la zona de 156 hectáreas donde se pretende construir un hotel para 400 personas es “sumamente frágil” y hábitat de zorrillos, serpientes de cascabel, aguililla negra, tortugas del pantano y rana yucateca, así como de 16 especies vegetales endémicas en riesgo.
Araceli Domínguez, del grupo Gema, afirmó que el proyecto es legalmente inviable porque el fideicomiso ni siquiera acepta que colinda con el santuario de la tortuga.

NUNCA MAS ACTEAL+JUSTICIA+NO SOMOS COMPLICES DE LA VERGUENZA,agosto21, Angel‏

NUNCA MAS ACTEAL
JUSTICIA
NO SOMOS COMPLICES DE LA VERGUENZAEspacio social y kulturalLA KARAKOLA espacio colektivo de kreación* Plaza Madrid 7La Cibeles, colonia RomaCiudad de MéxicoPlaneta Tierrahttp://karakolaglobal.blogspot.comkarakolaglobal@yahoo.com

CARTONES DE LA JORNADA
















jueves, 20 de agosto de 2009

[Noticiero: Los Martes de Enkidu] MEXICO-Encuentro con Patricia Olamendi, candidata a la Presidencia de la Comision Nacional de Derechos Humanos lunes

HOMOPOLIS

INVITA


A todas las organizaciones, grupos, artistas, periodistas, intelectuales y activistas de la diversidad sexual a la reunión que la feminista Patricia Olamendi sostendrá con integrantes del colectivo LGBTI, a quienes expondrá su programa de trabajo como candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión se desarrollará el próximo lunes 24 de agosto a partir de las 6:45 pm en el Café 22, ubicado en la calle de Fernando Montes de Oca no. 22, casi esquina con Tamaulipas, en la colonia Condesa.

Favor de confirmar asistencia al correo electrónico homopolis@homopolis.com.mx o al teléfono 04455 1338-2901, ya sea a través de un mensaje de texto o una llamada.


Afectuosamente

Enrique Gómez
Director de Homópolis
Tel. 5704-6175, 5704-3827 y 5789-1730

invitación conferencia circulo estudios centro histórico‏


Amigas y amigos del
Círculo de Estudios Centro Histórico
el día viernes 21 de agosto
a las 19:00 horas, tendremos una conferencia muy interesante, como parte de una Seminario de Historia que la
MTRA. EDNA MARÍA OROZCO
tiene a bien compartir con nosotros, cada mes. El tema será nada más y nada menos que
" FRANCISCO VILLA, EL CENTAURO DEL NORTE"

La Mtra. Edna nos platica la Historia como si estuvieramos tomando un café con nuestros amigos, no te puedes perder esta experiencia, es una buena oportunidad para invitar a tus amigos y algún vecino, les va a encantar.

Además te pedimos enviar este correo a tus contactos, participa con nosotros en el programa de radio Pi por radio al cuadrado todos los miércoles de las 7 a las 9 de la noche, por www.radioamlo.org información: Elena Noriega 04455 27064084

Boletin e información sobre Miguel Angel Wong Soto. FRENTE ESTATAL CONTRA LA REPRESION, S.L.P.‏

A los medios de comunicación.
Al Pueblo Potosino.
A la opinión pública.

El Gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, una vez más fracasa en su necedad de legalizar la inconformidad ciudadana; pues en su sexenio que está por terminar aplicó la máxima de su homologo cacique Gonzalo N. Santos que decía “entierro, destierro o encierro”, ejemplos de lo anterior son el caso de Pedro Rebolloso Bravo, Enrique Rivera Sierra y Miguel Ángel Wong Soto, entre otros más presos y perseguidos políticos en el Estado.
La historia no oficial, deberá de declarar al C.P. Marcelo de los Santos como un Gobernador que durante su gobierno (2003 – 2009), aplicó una política represiva y de persecución principalmente a los movimientos sociales ( detenciones arbitrarias de líderes sociales, comerciantes ambulantes, dirigentes partidistas) nos concretizamos a señalar los casos del líder de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (C.M.AP.) y el del Frente Estatal de los Movimientos y Organizaciones sociales ( F.E.M.O.S.), o el caso del asesor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (F.A.O.M.S.X.) organizaciones sociales y opositores con gran arraigo en las colonias periféricas del gran valle huachichil, así como de la ciudadanía inconforme con la permanencia de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, S.L.P.; la citada política de gobierno fue idéntica a la que utilizó el priismo potosino cuando gobernó.


Sirve precisar que la estigmatización de “delincuentes” ante la opinión pública y en ocasiones de la publicada de Wong Soto y Rebolloso Bravo, pretendió confundir a los lectores y público en general; sin conceder que solo era una artimaña del Gobierno del Estado para legitimar sus acciones injustificables de gobierno, las cuales son continuamente rechazadas por los presos políticos en mención ( la falta de transparencia de recursos públicos, los acuerdos incumplidos en obra social ) y que ante ese rechazo de tales organismos cívicos, viene la invención de delitos como motín, robo calificado, secuestro, asociación delictuosa, ultrajes, etc, las cuáles son meras invenciones del poder político panista-marcelista para sancionar a quién no se someta a sus decisiones gubernamentales.
La impartición facciosa de la justicia en San Luís Potosí, da causa a que personajes de la farándula política que tienen pendientes con la justicia gozan de esa “impunidad politica” que concede el ejecutivo para evitar encarcelarlos, al grado que incluso hasta prescribe la acción para procesarlos penalmente por las conductas delictivas en la función pública, el priista Fernando Silva Nieto entre otros más no contradecirán lo anterior.
No por lo anterior dejamos de celebrar la liberación de Miguel Angel Wong Soto, y sostenemos que nunca fue culpable de los delitos políticos que se le imputaron y por los cuales fue sentenciado; sobre la posible amenaza del Ejecutivo Estatal de volverlo a encarcelar, decimos que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho donde las garantías sociales como lo son la libertad de manifestación, asociación, de imprenta y petición deben de imperar por sobre cualquier acción represiva del Estado, y que la defensa legal y solidaridad volverá en caso de ser necesario.
Reiteramos que aún falta mucho quehacer ciudadano y legal ante tales arbitrariedades de los Gobiernos en turno, de ahí a que continuarán los trabajos del Frente Estatal contra la Represión ( F.E.R.C.S.L.P.) cuya laborar continua deberá de ser el rescate de rehenes políticos, así como la asistencia legal de los heridos que dejen las violaciones a los derechos constitucionales de la ciudanía potosina por parte de las actuaciones o decisiones perjudiciales del Poder Ejecutivo en turno.
Atentamente:
Frente Estatal contra la Represión S.L.P.
Lic. José Enrique Gonzalez Ruíz.

Lic. Fernando Tapia Rangel.

Prof. Carlos López Torres.

C. Pedro Rebolloso Bravo.

Lic. Noé Yair López García.

Lic. Marite Hernández Correa.

Lic. Tonatiuh Hernández Correa.

San Luís Potosí, S.L.P. 19 de Agosto del 2009.


DATOS DE LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL WONG SOTO
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Impulsan crear el Museo Nacional de la Mujer

Con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia de México, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias (Femu) impulsa la creación del Museo Nacional de la Mujer en lo que fue la casa de la insurgente Leona Vicario, para reconocer las aportaciones de este género a las luchas de Independencia y revolucionarias del país.
“No puede haber centenarios sin reconocer el trabajo que las mujeres hicieron en la construcción de México”, sostuvo Patricia Galeana, presidenta de la Femu y secretaria técnica de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución en el Senado de la República.
Según explicó la historiadora, el museo estaría en lo que fue la casa de Leona Vicario (Brasil 31, Centro Histórico), la cual donó el Congreso por la aportación de la insurgente a la Independencia. Por lo tanto, esa casa “es el primer reconocimiento que se hace por parte de la soberanía nacional a una mujer una vez consumada la Independencia”.
Señaló que desde la década de los años 90, en Estados Unidos y en Europa surgieron mu-seos de mujeres, siendo Buenos Aires la única ciudad latinoamericana que cuenta con uno. Por ello sería muy importante, agregó, “que en el Distrito Federal se fundara uno que nos brinde información sobre las mujeres mexicanas a lo largo de nuestra historia y hasta hoy”.
Añadió que para la realización del proyecto, además del trabajo de Femu, se requiere de la participación de los gobiernos federal y del de la ciudad de México. Al primero se le pidió que, sin perder su propiedad federal, ceda el inmueble, y al gobierno capitalino se le solicitó financiamiento para la museografía.
Esa casa hoy alberga las oficinas de promoción literaria de Bellas Artes, por lo que el gobierno federal arguye que no tiene otro espacio para trasladar dicha oficinas; sin embargo, la historiadora asegura que “tiene infinidad de inmuebles, más apropiados para oficinas que una casa que es un sitio histórico”.
Para continuar exigiendo la creación de este museo, y aprovechando el 167 aniversario luctuoso de Leona Vicario, mañana viernes, a las 10 de la mañana, se realizará una lectura dramatizada de la vida de la heroina insurgente, interpretada por la actriz María Teresa Careaga.

Emmanuel D'Herrera denuncia ante la CNDH vejaciones de cuerpos policiacos de Peña Nieto.‏

EMMANUEL D'HERRERA ARIZCORRETA
Penal de Neza Bordo el 10 de agosto de 2009.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
P.M.A.C.
At´n.: Don Jose Luis Soberanes
Presidente
Sr. Presidente:
Después de saludarle con todo respeto, vengo a exponerle mi caso para el que ruego su atención y la de la Comisión que usted preside:
La Juez segunda del juzgado de primera instancia con sede en el centro de readaptación Social de Molino de Flores, Texcoco, me concedió la libertad bajo fianza el 21 de mayo del año en curso.
Ese día alrededor de las 17:00 hrs. Firmé simultáneamente mi acta de formal prisión extemporáneo y mi acta de libertad, después de que los mios pagaron
$37000.00 (treinta y siete mil pesos) de fianza.
Hacia las 18:00 hrs., al franquear el portón del penal vi a mi esposa que me esperaba, pero también percibí varios vehículos y muchos hombres de traje, algunos de los cuales tomaba fotografías, pro lo que supuse eran reporteros.
Apenas hube puesto un pie fuera del penal cuatro individuos me sujetaron en forma violente y me subieron a uno de los vehículos que estaban en la puerta.
Mi esposa gritaba “ya está libre”, ya se pagó la fianza, ¡Ya esta libre!.
El vehículo arrancó a toda velocidad y de no haberse hecho a un lado, mi mujer hubiera sido atropellada.
Pedí a los tres individuos que me privaron de la libertad que me expusieran los motivos de mi detención o si era un secuestro. El que estaba junto a mi en el asiento trasero de la unidad se concretó a ponerme una capucha cubriéndome la cara y la cabeza y me echo al piso del vehículo.
A toda velocidad, con una sirena como “pato” el vehículo se fue abriendo paso en el tráfico urbano, a juzgar por el ruido que percibía desde el lugar donde permanecía esposado a la base del asiento delantero del lado del chofer.
Volvía insistir que se me informara sobre mi situación jurídica, convencido de que mis secuestradores eran policías pues en sus comunicaciones por el teléfono celular empleaban claves dirigidas a un “comandante”.
Me instaron a callar: ¡Cállate cabrón!
Los ruidos externos cambiaron y pienso que circulamos por una autopista, para volver al tráfico urbano.
Al cabo de un buen rato de desplazamiento, el vehículo se detuvo y los tres agentes me dejaron solo. Creo que transcurrió mas de hora y media y de acuerdo con lo que pude percibir a través de la capucha, la mitad estaba estacionado debajo de un puente.
Volvieron los policías y reemprendieron la marcha en un recorrido urbano interminable hasta que nuevamente el vehículo paró, esta vez en una gasolinera, donde se aprovisionó de combustible, una vez completada la carga de gasolina, sólo subió el chofer, desplazando la unidad unos cuantos metros, a donde creo haber percibido el anuncio luminoso de una tienda oxo o Seven-eleven o de ese tipo.
Permanecí solo otro buen rato, al cabo del cual volvieron a subir otros agentes que sustituyeron a dos de los anteriores.
Una vez más sentí un largo desplazamiento por la ciudad y nuevamente una carretera, me atreví a preguntar a mis captores si me levaban a Almoloya pues reconocí el paraje de la Marquesa en la carretera a Toluca, “¿Por qué preguntas eso? Fue su respuesta.
Más tráfico urbano hasta que finalmente el auto se detuvo. Los tres agentes bajaron y me dejaron un rato solo hasta que vinieron por mí. Me desesposaron y me hicieron descender del vehículo habiéndome quitado la capucha.
Una placa en la entrada del edificio rezaba Policía Ministerial del Estado de México, Toluca.
En la oficina del primer piso el reloj de pares marcaba las 12:10.
Apenas llegue solicité, invocando el artículo 20 constitucional, que se me hicieran conocer los cargos por los que se me detenía y retenía y que se me permitiera hacer la llamada telefónica a la que constitucionalmente tenía derecho, siéndome negados ambos derechos.
Fui llevado entonces a la Procuraduría de Justicia del Estado de México para que el médico certificara mi estado de salud.
Hice saber a la doctora que me atendió, que soy diabético e hipertenso. Ella me checó la presión pero no pudo medir la glucosa de mi sangre pues no tenían en el servicio médico las tiras de muestra del glucómetro.
Me regresaron a la oficina donde me llevaron originalmente. Yo volví a insistir en hacer mi llamada y a que se me permitiera la presencia de mi abogado, siéndome negados una vez más mis peticiones.
Una ambulancia me trasladó hasta el Hospital ISSEM de Toluca donde después de medir la presencia de glucosa en mi sangre me ingresaron a la sala de urgencias, donde me aplicaron suero con insulina, pues tenía 380 de azúcar.
Pasé el resto de la madrugada y parte de la mañana en el hospital hasta que el glucómetro marcó 80 y entonces fui regresado al Ministerio Público.
Se me instó a aceptar a un defensor de oficio, negándome yo a firmar el nombramiento, exigiendo a mi vez la presencia de mi abogado o de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos, e insistiendo en que se me permitiera comunicarme con mi familia. Ni caso me hicieron.
A eso de mediodía querían que firmara mi declaración ministerial, negándome a ello sin la presencia de mi abogado o de personal acreditado de Derechos Humanos.
El Jefe de la oficina, un tal Leonardo indicó a la secretaria que bastaba con que firmara mi “defensora”.
Terminada esa diligencia me dijeron que me podía retirar, sólo para ser detenido a la salida del edificio por tres agentes de la AFI, que me dieron a conocer el motivo de mi presentación en la PGR de Netzahualcoyotl, el delito por el que se me acusaba y me pidieron que esperara a llegar a la PGR para hacer la llamada constitucional.
Señor Presidente Soberanes, delinquí de acuerdo con las leyes del país y del Estado de México. Eso no lo niego y estoy confeso en el proceso que se sigue en el Juzgado 2 de 1ª. Instancia de Molino de Flores Texcoco: pero de acuerdo a la constitución existen garantías que la autoridad debe otorgar al ciudadano, además de los Derechos Humanos que el Estado y sus agentes están obligados a respetar. Considero que la privación ilegal de la libertad que sufrí a manos de agentes judiciales del Estado de México afectan mi integridad personal, mi salud y me mantuvieron incomunicado de mi familia; por lo que le solicito respetuosamente la investigación de los hechos arriba descritos y que en caso que proceda, la comisión bajo su atinada presidencia emita las recomendaciones a la autoridad competente para que se me resarzan los daños que sufrí, independientemente de la acción jurídica que me reservo ejercer en su momento.
Pongo de manifiesto que un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México me hizo el favor de venir a entrevistarme en el Hospital del Penal Neza-Bordo donde estoy recluido, pero siendo el mío un caso federal, me informó de la incompetencia del órgano estatal de Derechos Humanos, para tratar mi petición.
Adelantándole mi agradecimiento por la atención que merezca la presente le saludo:
Respetuosamente
Emmanuel D’Herrera Arizcorreta

Reculan priístas ante la Iglesia en Colima

Colima, Col., 19 de agosto. “Para no meterse en broncas con la Iglesia católica y sectores conservadores de la sociedad de Colima”, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local desechará la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia del estado que presentó el diputado perredista Adolfo Núñez González el 29 de julio y que fue discutida en un foro público la semana pasada, aseguró el autor de la iniciativa. Acompañado del dirigente estatal del PRD, Francisco Rodríguez, Núñez dijo que el lunes el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el priísta Roberto Chapula le informó que en la siguiente sesión desecharían la iniciativa, porque “la mayoría rechaza las uniones de homosexuales y lesbianas”.

Denuncian 2 jóvenes ante AI y CNDH torturas que les infligieron militares

Cuernavaca, Mor., 19 de agosto. Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23, denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) que elementos del Ejército los detuvieron, amenazaron, golpearon y torturaron con el pretexto del combate al narcotráfico, y les exigieron información sobre nombres y domicilios de personas que se dedican a la venta de drogas en esta capital.
Ambos presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Morelos, pero autoridades de esa dependencia les dijeron que no podían hacer nada porque quienes los habían golpeado y retenido ilegalmente eran militares.
De acuerdo con las declaraciones de Silverio y Jorge, el pasado 14 de agosto, alrededor de las 22 horas circulaban en un vehículo por avenida Paseo Cuauhnáhuac, a la altura de la plaza comercial Chedraui, cuando cuatro militares vestidos de civil les marcaron el alto para interrogarlos y después golpearlos.
Como se negaron a responder, los obligaron a bajarse del vehículo. En ese momento –narraron– llegó una patrulla de la Policía Federal y casi enseguida un camión tipo Dina (con el número económico 1002476) con varios soldados abordo que los golpearon y se los llevaron.
“Nos quitaron credenciales y carteras, además de los papeles que llevábamos en el carro. En el trayecto nos golpearon; se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en la espalda de mi primo y de la mía. Nos daban patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que si no declarábamos quiénes vendían droga íbamos a aprender a no meternos con militares, que ahora sí iba a cargarnos la chingada; incluso cortaron cartucho”, relató Jorge Raúl.
Aseguró que los elementos castrenses que los torturaron durante más de tres horas tenían el rostro cubierto con pasamontañas. “Con nuestras propias playeras nos cubrieron el rostro y la boca y nos quitaron los zapatos”, agregó.
Por el tiempo que transcurrió, creen que fueron trasladados a la 24 Zona Militar, con sede en esta capital, porque aseguraron haber escuchado a más soldados y más vehículos que entraban y salían.
“Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado nos subieron a un camión y nos sacaron de ahí”. Señalan que primero les advirtieron que los iban a ir a tirar a una barranca; finalmente los dejaron en la carretera federal Cuernavaca–México (en el punto conocido como Montecasino), no sin antes golpearlos y advertirles que se callaran.

Estancado, el caso de la indígena Jacinta

Querétaro, Qro., 19 de agosto. El juicio contra Jacinta Francisco Marcial se ha retrasado porque dos de los seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que la acusaron de haberlos secuestrado “no se les puede encontrar en el país” para cumplir con los careos que ordenó un juez como elementos probatorios en el caso de la indígena, la cual se encuentra encarcelada desde hace tres.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Andrés Díaz, informó que como defensa legal de Jacinta fueron informados de que el agente federal Antonio Bautista falleció en 2007, por lo que no podía cumplir con el requisito de presentarse a los careos efectuados en mayo pasado.
En tanto, Jorge Cervantes Peñuelas se jubiló en diciembre de 2008 y ya no es agente federal, por lo que no ha podido ser notificado para que se presente en los careos, situación que provoca que se retrase los procedimientos legales.
En conferencia de prensa, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, dijo estar desesperado por la situación.
El abogado del Prodh que asumió la defensa legal de Jacinta Francisco indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), si quisiera podría aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reconocer que no existen elementos jurídicos y probatorios que acrediten que Jacinta secuestró a seis agentes federales y, con ello, dejarla en libertad.
Sin embargo, en lugar de ello incurre en acciones de dilación al no contribuir a que uno de los agentes federales se presente a los careos como parte del juicio.

SEP: las universidades públicas tienen que someterse al recorte presupuestal

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, expresó que el sistema educativo en su conjunto –incluidas las universidades públicas– tiene que contribuir al recorte presupuestal, ya que “todos” deben “meter el hombro”. Sin embargo, el funcionario exceptuó de esta disminución a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
“Lo importante en todo caso es que los compromisos de la ACE por supuesto que van a estar financiados y la alianza continuará funcionando exitosamente, como lo ha hecho la semana pasada, y como lo seguirá haciendo”, dijo el funcionario.
En el marco de la firma de la carta compromiso de 26 instituciones públicas de educación superior para trabajar con la SEP en una política común para el nivel medio superior, el funcionario federal señaló por otra parte que hay un “gran ánimo” de la maestra Elba Esther Gordillo y de la dependencia a su cargo para dar un “tratamiento cada vez más cuidadoso y transparente a esos donativos que generosamente los padres de familia ofrecen a sus escuelas”.
Al mencionarle lo declarado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, en el sentido de que una crisis económica podría derivar en crisis social, respondió: “Tenemos que asumir que el sistema educativo en su conjunto, al igual que el gobierno federal todo, tiene que contribuir al recorte, lo importante en todo caso es que la contribución que al recorte hagan las universidades sea francamente menor y podamos por un lado sí distribuir, para que todos metan el hombro y, sin embargo, las universidades públicas puedan continuar con sus labores sin interrupción y de manera ordenada”.
Así, advirtió que el recorte no será el mismo para todos, por lo que no afectará de igual manera a la educación básica que a la media superior o superior. Insistió en que aún analizan “la distribución óptima” de esta baja en los recursos y quizá la próxima semana “tengamos ya una idea precisa de cómo vamos a proceder” en esta materia.
Pero eso sí, recalcó, los sueldos de los maestros “deben continuar fluyendo porque tenemos que garantizar la permanencia de las acciones de educación básica. Eso en primer lugar; en segundo lugar, hay muchas labores que tiene que desplegar la SEP para dar cumplimiento a los compromisos de la ACE”.
Aunque los académicos y rectores han insistido en que en educación no hay elementos que no sean prioritarios, Lujambio dijo que “estamos moviéndonos con cierto margen de libertad para poder sacrificar aquello que no vulnere de manera central al sistema educativo mexicano”.
Además de los salarios, señaló que para la dependencia es de especial relevancia la cobertura, particularmente la de media superior y superior. En relación con las cuotas que se piden a los padres de familia en las escuelas –sin las cuales éstas no podrían sobrevivir–, consideró que se trata de “donativos estrictamente voluntarios respecto de los cuales está trabajando la SEP junto con el SNTE, para que todos tengamos certeza en el futuro del modo en que estos recursos están siendo manejados en el ámbito de la escuela”.
A la ceremonia asistieron 21 rectores, así como el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, y otros representantes de universidades públicas, quienes dieron su apoyo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Ahí el titular de la SEP dijo que por primera vez se cuenta con una política nacional para el nivel medio superior.
Por su parte, el subsecretario Miguel Székely destacó que esta confluencia de instituciones de educación superior refleja la voluntad de trabajar juntos y con respeto a su autonomía en la construcción del sistema nacional de bachillerato.

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