Instituciones en crisis
Mi manera de bromear
es decir la verdad:
Bernard Shaw.
Amado Sanmartín Hernández
TODAS las instituciones del Estado mexicano, están en crisis, se van deteriorando; inexorables, se van cayendo de viejas, de arcaicas; se caen, haciéndose polvo. Ya no funcionan, porque están sedimentadas por la corrupción y el poder desenfrenado. Todas las instituciones están dañadas por su falta de credibilidad, que han perdido por completo.
Actuaciones como la de la Suprema Corte –una de las instituciones a las que “El peje” mandó al diablo--, por ejemplo, perturban y conmocionan la sociedad, no por reiteradas, sino porque dejan sin castigo evidencias alarmantes de violaciones a las leyes que esa máxima autoridad debe hacer cumplir sin restricciones, componendas o consigna, porque arriba de ella ya no hay quien la mande, si se entiende la autonomía de cada uno de los tres Poderes de la Nación (se está hablando en serio).
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NO hace mucho –el pasado 26 de junio--, vino a esta capital a repicar campanas el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, acto que por cierto, se distinguió por la ausencia del mismo gobernador, y los titulares de los otros dos poderes.
En esa ocasión, en que Ortiz Mayagoitia clausuró el VII Congreso Ética y Justicia Administrativa, dijo, entre otros conceptos, que “el juez debe saber distinguir con precisión entre lo legal y lo ilegal (...) entre lo correcto y lo incorrecto”. A eso, que parece perogrullada, Ortiz Mayagoitia denominó “ética práctica”.
Y viene al caso –y aunque no viniera--, porque apenas, el pasado lunes, dos magistrados de circuito consideraron que el uso de la fuerza pública en Oaxaca durante el conflicto social del 2006, fue legítimo, y que los responsables de los disturbios, fueron los maestros de la Sección 22, y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; y aunque señalan que hubo solamente 11 personas muertas –ni la mitad de las víctimas--, no dicen quiénes fueron los autores de estos homicidios, lo que demuestra que no son nada listos como parecen, pues aquí, ya todos saben quienes son los asesinos. Nomás que pregunten a la gente correcta, no al gobierno.
Según la investigación de los dos magistrados, los responsables del movimiento violaron las garantías individuales de los ciudadanos de la capital por sus marchas, plantones y barricadas, que motivaron el cierre de negocios, el libre tránsito, y hasta la libertad de expresión por la toma de algunos medios de corte oficialista, asi como la radio y televisora del gobierno.-
El informe de la comisión indica que los operativos policiales para restablecer el orden, (a balazos o como “haigan sido”) fueron legítimos, ya que los actos del movimiento tenían el propósito de crear ingobernabilidad, al exigir la renuncia del gobernador y la desaparición de poderes. Luego los magistrados se refieren al poder inusitado del magisterio oaxaqueño que ha adquirido a partir de su lucha iniciada en los años 80s.
El informe, que será entregado a la Suprema Corte, la que seguramente aprobará, está a toda madre, porque se soslayan a propósito las responsabilidades de la otra parte, que llegaron a cometer delitos de lesa humanidad, las que únicamente pueden llevar a cabo las autoridades: el movimiento social no pudo matar a su propia gente, ni secuestrar, torturar, encarcelar, desaparecer o perseguir a nadie. Los muertos los puso el pueblo, lo que tampoco dice el informe, como tampoco dice que hayan sido gente del gobierno, de sus convoyes de la muerte, de sus “porros” o sicarios contratados para atacar al movimiento.
Si no hubo responsabilidad del Estado, ¿porqué entonces el gobernador considera que en lo que resta de su mandato “espera lograr que todas las heridas hayan cicatrizado, porque nunca ha habido (hubo) mala intención o mala fe de mi gobierno”? ¿Qué quiere decir don URO con eso de que “simplemente son ejercicios de gobierno que pueden estar equivocados, y para ello hemos retomado el camino y corregido el rumbo”? ¿Cómo se corregirá el rumbo después de la represión y de la comisión de delitos de lesa humanidad? ¿A qué heridas, mala intención o mala fe se refiere el gobernador si en el 2006 no pasó nada? ¿Se pueden cicatrizar los muertos? ¿De qué se estaría hablando en estos momentos si oportunamente se hubieran atendido los problemas de la población y del magisterio, y “El chucky” Franco no hubiera sido autorizado a cometer la locura de atacar los campamentos de la resistencia esa madrugada del 14 de junio de 2006? ¿Seguirán los vocingleros (término acuñado por el EPR) del virreynato propalando que los revoltosos trataban de chantajear al gobierno con dádivas que ellos sin sonrojarse reciben? ¿De que primero tumbarían al gobernador y después irían por la cabeza del presidente?
Seguramente la Suprema Corte con esa “práctica ética” de que habla su presidente –como ya lo hizo en San Salvador Atenco--, fallará en contra de la lucha popular; permitirá la continuidad del autoritarismo y la impunidad en Oaxaca, pero también el de la resistencia civil contra la barbarie.
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DURANTE el 2006 hubo en Oaxaca evidencias alarmantes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que fueron extensamente compendiadas por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comisión Intereamericana de Derechos Humanos, comisiones del Parlamento Europeo, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, la mexicana CNDH... a las cuales debería consultar la Suprema Corte para tener una pálida idea de lo que realmente ocurrió aquí hace tres años. Hay que destacar, que ni el gobierno federal ni del Estado acataron siquiera una de las recomendaciones que por los delitos de lesa humanidad por racimos les enviaron estos organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
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AÚN cuando la crisis política, económica y social en Oaxaca no ha sido zanjada, al parecer lo que el calderonismo-ulisismo, a través de la Suprema Corte, pretenden borrar todo rastro del horror y la barbarie cometidos hace tres años, sin castigar a los culpables de la brutal represión. La SCJN ha condenado la lucha de hace tres años, lo que hace ver una paz social y un cambio estructural del Estado muy lejanos, y la reactivación del terrorismo gubernamental en contra de los movimientos, para aplastar la esperanza de un nuevo futuro para los oaxaqueños.
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So long.
